28 Mar Por una sanidad veterinaria justa y eficiente
Fabio Pérez Buil, Coordinador del Rolde de Protección Animal de Chunta Aragonesista
La sanidad veterinaria es una pieza clave en la salud pública y en el bienestar animal.
Sin embargo, el Real Decreto 666/2023, aprobado a iniciativa del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, lejos de mejorar el sistema, ha generado serios problemas y una respuesta social importante porque su aplicación afecta tanto a profesionales del sector veterinario como a quienes somos responsables y cuidadores de animales.
Y es que la citada normativa impone toda una serie de barreras injustificadas a la práctica veterinaria. Una de las más graves es la prohibición de que este sector profesional dispense medicamentos, pese a ser quienes cuentan con formación específica en farmacología animal.
De este modo se obliga a depender de farmacias, que muchas veces no disponen del stock necesario, generando retrasos peligrosos en la administración de tratamientos.
Además, la obligación de adquirir envases completos en lugar de la cantidad exacta recetada conlleva riesgos adicionales, genera más residuos farmacéuticos y encarece el tratamiento.
En el ámbito rural, donde muchas farmacias no tienen medicamentos veterinarios, se deben recorrer largas distancias o esperar días para conseguirlos, poniendo en peligro la salud de los animales.
El decreto pretendía reducir las resistencias antimicrobianas, pero en la práctica está logrando lo contrario. Retrasar la administración de antibióticos y fomentar la automedicación solo genera más riesgos para la salud animal y humana.
El sistema PRESVET, que obliga a registrar electrónicamente todas las prescripciones de antibióticos, impone además una carga burocrática innecesaria sin aportar mejoras reales en el control sanitario. España ya reporta datos a la UE mediante ESUAvet, lo que hace redundante esta obligación. Además, los fallos técnicos del sistema obligan a repetir tareas, restándoles tiempo para la atención de los animales.
A esto se suman las sanciones desproporcionadas incluidas en esta nueva normativa: con multas mínimas de hasta 3.000 euros por errores administrativos o retrasos en notificaciones, que pueden acumularse hasta cifras millonarias.
En definitiva, en lugar de mejorar el control del uso de antibióticos, el decreto está criminalizando la labor veterinaria.
Hay que tener en cuenta que España es uno de los pocos estados europeos que impide al sector profesional veterinario a dispensar medicamentos.
De hecho, en Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, se permite y se ha demostrado como una medida eficaz para garantizar un mejor control del uso de antibióticos, reducir la automedicación y mejorar el acceso a los tratamientos.
Desde CHA consideramos que el Gobierno de España debe alinearse con el modelo europeo y permitir que quienes son profesionales del sector veterinario dispensen medicamentos en condiciones reguladas.
Por tanto, modificar este Reglamento es una cuestión de sentido común y de justicia social.