17 Jul Privatización encubierta: el grave retroceso de la sanidad pública aragonesa

Isabel Lasobras Pina, Secretaria General de Chunta Aragonesista y Portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón

La sanidad pública en Aragón atraviesa un momento crítico. Un proceso de desmantelamiento progresivo amenaza con vaciar de contenido uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Desde CHA denunciamos una realidad que se esconde tras eufemismos: la privatización encubierta impulsada por el Gobierno de Aragón.

Se nos presenta como “externalizaciones puntuales”, pero es en realidad una estrategia sistemática de abandono de lo público. Un modelo que socava la estructura del sistema sanitario mientras se normaliza que la salud sea gestionada por empresas cuyo objetivo no es el bienestar de la ciudadanía, sino el beneficio económico.

Hoy en día, el Servicio Aragonés de Salud pone los edificios, el equipamiento, el personal administrativo… Pero, en especialidades clave, los y las profesionales sanitarias que atienden a la población pertenecen a empresas privadas. Esta situación se repite en hospitales públicos como los de Barbastro, Teruel, Calatayud o Alcañiz, donde especialidades como Dermatología, Otorrinolaringología, Ginecología, Urología o Rehabilitación están ya bajo gestión de compañías como “Ribera Salud”.

¿La justificación? La supuesta falta de personal sanitario. Pero resulta paradójico —e indignante— que sí se encuentre personal para trabajar en la sanidad privada financiada con dinero público. Es decir, no hay manos para lo público, pero sí para lo privatizado.

Esto no es otra cosa que una privatización de facto. Y lo más grave: se está produciendo sin transparencia, sin datos claros y sin que la ciudadanía pueda valorar sus implicaciones. ¿Cuánto cuesta realmente este modelo? ¿Qué garantías se exigen a las empresas que gestionan estos servicios esenciales? ¿Dónde están los informes que justifiquen esta decisión?

El impacto es profundo en Aragón: la calidad del servicio disminuye, las listas de espera se alargan y la moral del personal sanitario se resiente. ¿Qué profesional va a querer permanecer en un sistema que le margina, externaliza su trabajo y debilita su vocación? ¿Qué paciente acepta depender de una empresa que responde a criterios de rentabilidad?

Este proceso representa, en realidad, un abandono institucional. Una renuncia deliberada a lo público que amenaza con dejar atrás a quienes más necesitan un sistema sanitario fuerte, gratuito y universal.

Desde CHA exigimos al Gobierno de Aragón que ponga fin a esta deriva. Que dedique los recursos públicos a reforzar la sanidad pública, no a transferirlos al sector privado. Que invierta en contratación, en atención primaria, en infraestructuras adecuadas y en una sanidad digna, accesible para todas las personas, vivan donde vivan.

Por estos motivos, no aceptamos que se utilicen fondos públicos para debilitar lo público.

No queremos que se degrade la atención sanitaria aragonesa en nombre de una supuesta eficiencia que solo beneficia a muy pocas personas.

Porque una sanidad pública fuerte no es un lujo, es una necesidad. No es solo una cuestión de justicia social: es una obligación de las administraciones públicas aragonesas.

Seguiremos defendiendo una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad en Aragón. No vamos a callar ante este retroceso. Porque la salud no se vende: se defiende.