El Grupo Plurinacional Sumar, a instancia del diputado de CHA y portavoz adjunto Jorge Pueyo, ha incluido en el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social una disposición para reconocer la función social de la hostelería, la restauración y otros servicios esenciales en el ámbito de las zonas en riesgo de despoblación.

Mediante una transacción acordada entre el Grupo Plurinacional Sumar y ERC, la portavoz de Sumar Verónica Barbero ha conseguido que la ponencia del Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social incorporase, en el punto Once, una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

«Disposición adicional duodécima. Zonas rurales en riesgo de despoblación.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley, realizará un estudio sobre las condiciones de viabilidad económica y jurídica para la adopción de propuestas normativas de los establecimientos de servicios que resultan esenciales en zonas rurales en riesgo de despoblación, tales como hostelería con servicio de restauración cotidiano, comercio de alimentación y productos de primera necesidad, farmacia rural, estanco con servicios administrativos asociados (loterías, recargas, pagos), servicios administrativos básicos (gestorías, punto de atención ciudadana), reparación y mantenimiento (ferretería, fontanería) o servicios postales y de mensajería.»

Con este acuerdo, CHA y el Grupo Plurinacional Sumar recogen la propuesta de COMPETUR de impulsar la Función Social de la Hostelería, la Restauración y los Alojamientos Turísticos en el ámbito de las zonas en riesgo de despoblación. En concreto, COMPETUR solicitaba la elaboración de un Plan de Acción para el impulso de esta función social de estos establecimientos en zonas de despoblación, que incorporara modificaciones normativas específicas en leyes y reglamentos vigentes, con el fin de proporcionar un marco jurídico más sólido y directo para alcanzar los objetivos planteados. El acuerdo parlamentario supone dar el primer paso en esa dirección.

COMPETUR es una alianza por la competitividad turística, que nació en plena situación de emergencia provocada por el Covid, fruto de la unión entre Hostelería de España, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Cerveceros de España, y que defiende el vínculo indisociable que representan para la actividad turística la restauración, los alojamientos y la cultura de la cerveza como uno de los principales nexos gastronómicos de nuestra oferta turística.

«Llevamos muchos meses dialogando y negociando con el Grupo Socialista para acercar posturas y por fin hemos logrado que el Ministerio entienda que, si hay paradas de autobús que dejan de prestarse por las rutas estatales y deben ser asumidas por las rutas autonómicas, debe hacerse contando con las Comunidades Autónomas y el coste debe asumirlo el Estado», ha afirmado Jorge Pueyo. «Imponer unilateralmente la eliminación de paradas en las rutas estatales de autobús era un error, una injusticia, y una grave contradicción con la política de acercar los servicios básicos a menos de treinta minutos que promueve este Gobierno de coalición. Si no se corregía, ese recorte de paradas iba a perjudicar precisamente a las zonas con mayores problemas de despoblación. Desplazarse a lugares que se encuentran a veinte o treinta minutos costaría varias horas, por la necesidad de realizar trasbordos, y sin ninguna duda eso iba a perjudicar la vida de la gente». El diputado de CHA ha recordado que la eliminación de paradas afectaba a 151 municipios aragoneses, de los que 111 se iban a quedar sin cobertura (54 en la provincia de Teruel).
«Por eso desde CHA, con el apoyo de todo el Grupo Plurinacional Sumar y, en especial, del ponente de esta ley, Alberto Ibáñez, hemos trabajado para corregir ese error, buscando una transacción que garantice que la reordenación de rutas se haga con el acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas y con dos objetivos: que ninguna parada en el medio rural desaparezca sin alternativa y que las comunidades reciban la justa financiación si deben asumir las competencias de las nuevas rutas en su mapa autonómico. Estábamos convencidos de que esa era la clave para desatascar el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Si no, desde CHA no hubiéramos podido votar la Ley a favor. Y por eso estamos satisfechos con la aprobación de estas transacciones que van en la buena dirección. La reordenación de las paradas será por consenso con las Comunidades Autónomas y el coste lo asumirá el Ministerio, como exigíamos desde CHA. Ahora, cuando la ley entre en vigor, las Comunidades Autónomas tendrán herramientas legales para exigir al Ministerio y poder evitar la eliminación de paradas», ha afirmado Jorge Pueyo.
Finalmente Pueyo ha argumentado poniendo en valor las transacciones acordadas: La ley obliga al Gobierno a que tenga en cuenta «la función de conexión territorial» de los servicios de competencia estatal y a favorecer «el establecimiento de paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no cuenten con otro transporte alternativo» (art. 49.3). Esta frase es un éxito de la movilización popular trasladada al Congreso: protege las paradas que no cuenten con alternativa. Además, «se compensará económicamente por parte del Estado» a las CCAA (art. 49.3). La obligatoriedad del “se compensará” del art. 49 prevalece sobre el “podrá destinar créditos a la financiación de los servicios” que dice la transitoria 2ª, punto 2. Disposición que recoge el informe previo de las CCAA sobre si aceptan o no la segregación de tráficos. Por tanto, ha conseguido que si la Comunidad Autónoma no acepta un tráfico, el Ministerio deberá seguir prestándolo. Se suprime también la obligatoriedad de asunción por las CCAA de las paradas intermedias, que pretendía el texto original del PSOE. Las paradas, por tanto, no desaparecen: las prestará la Comunidad si lo acepta y, si no, las seguirá prestando el Estado. Lo dice el punto 3 de la Transitoria 2ª: Los tráficos no aceptados por la Comunidad Autónoma se incluirán en la licitación de las concesiones estatales.

Transacciones aprobadas
La enmienda transaccional nº 46, que fue aprobada en junio en Ponencia y que afecta a las enmiendas 241 y 244 de CHA (GP Plurinacional Sumar), 188, 215, 222 y 223 del BNG (Grupo Mixto) y 681 de ERC, además de eliminar el apartado 5 del artículo 49, modifica el apartado 3 con la siguiente redacción:
«Artículo 49. Servicios de transporte público regular de personas por carretera de competencia estatal

3. Las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario correspondiente, pero además se atenderá a la función de conexión territorial y de servicio de transporte público, favoreciendo el establecimiento de paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no cuenten con otro transporte alternativo, sin perjuicio de que, cuando así lo justifique la demanda previsible, se pudieran atender otras paradas. Además, las paradas intermedias deberán facilitar los desplazamientos intermodales y por ello, cuando corresponda, deberán estar debidamente conectados con los puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y otros nodos de transporte. En el caso de que paradas que actualmente se encuentren dentro de las concesiones estatales se decida que sean prestadas por la Comunidad Autónoma con el objetivo de conseguir un mejor servicio y esto lleve aparejado un coste extra para la Comunidad Autónoma, se compensará económicamente por parte del Estado.
   Asimismo, con carácter simultáneo a la apertura de un período de información pública del anteproyecto de establecimiento del servicio, se recabará informe de las Comunidades Autónomas afectadas por éste.»

Recientemente, se aprobó en Comisión la enmienda transaccional nº 77, que afecta a las enmiendas 242 de CHA (GP Plurinacional Sumar), 36 (CC-GP Mixto), 197 (BNG, GP Mixto), 611 del PP y 707 de ERC, y que modifica la Disposición Transitoria Segunda, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria segunda. Adaptación al nuevo mapa concesional de competencia estatal.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, deberá estar aprobado el nuevo mapa concesional, que incluirá la relación de todos los servicios de transporte público regular de personas de uso general por carretera de ámbito estatal, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 49. El establecimiento de dichos servicios se tramitará con carácter previo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 61 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
Si como consecuencia de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 49 existieran tráficos íntegramente comprendidos en el territorio de una comunidad autónoma que se dejaran de prestar en el entorno de servicios de transporte público regular de personas de uso general por carretera de ámbito estatal, se solicitará informe a la comunidad autónoma competente acerca de si acepta la segregación de dichos tráficos como servicio independiente de competencia autonómica, y en su caso, de los posibles nodos de intercambio de su red concesional con el mapa concesional estatal con objeto de optimizar el servicio al viajero.
En caso de que la comunidad autónoma acepte la segregación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, previa solicitud de la comunidad autónoma competente, podrá destinar créditos a la financiación de los servicios indicados en el párrafo anterior de acuerdo a lo recogido en el artículo 49 de esta ley. La formalización de los compromisos financieros se establecerá mediante convenio con las comunidades autónomas afectadas. El convenio incorporará el cálculo de la financiación, de acuerdo a los siguientes criterios objetivos:
a) Establecimiento de un coste medio por viajero-km, tomando como referencia un contrato de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de ámbito estatal equivalente.
b) Establecimiento de un coste medio por vehículo-km, tomando como referencia un contrato de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de ámbito estatal equivalente.
c) Media ponderada de ambas estimaciones aplicando un factor de ponderación que tenga en cuenta la densidad y distribución de población en las comunidades autónomas afectadas.

La gestión de los fondos por parte de las comunidades autónomas quedará sometida a las siguientes condiciones:

a) Los importes percibidos de acuerdo a lo establecido en esta disposición deberán destinarse exclusivamente a financiar servicios de transporte público de viajeros que anteriormente estaban cubiertos por servicios de transporte público regular de personas de uso general por carretera de ámbito estatal.
b) Los nuevos servicios podrán comprender cualquiera de los regulados en el artículo 42 de esta Ley.

La gestión, justificación y el resto de las actuaciones relacionadas con los gastos derivados de la ejecución de los compromisos originados para ambas administraciones en los citados convenios se ajustarán a lo establecido en la legislación presupuestaria.
2 En el plazo de dos años a contar desde la aprobación del nuevo mapa concesional, deberán estar adjudicados licitados los contratos de concesión de servicios de todas las concesiones estatales incluidas en aquél, incluyendo en su caso los tráficos que no hayan sido aceptados por la comunidad autónoma según lo recogido en el apartado 2.
En este mismo plazo de dos años, las Comunidades Autónomas deberán haber asumido los tráficos autonómicos que previamente hubieran estado atendidos por contratos de concesión estatales. Estos tráficos no serán atendidos, con carácter general, en el marco de los nuevos contratos de competencia estatal.
En todo caso, la administración está obligada a iniciar los procedimientos de licitación de los contratos de concesión de servicios del nuevo mapa concesional en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de su aprobación. Este plazo podrá prorrogarse una sola vez por un período de 6 meses más, si concurren circunstancias excepcionales.
Los nuevos contratos de concesión de servicios podrán incluir tráficos que se encuentren afectados por contratos en vigor en el momento de la licitación, en cuyo caso el pliego de cláusulas administrativas particulares incluirá las prescripciones necesarias para la incorporación de tales tráficos al nuevo servicio adjudicado desde la fecha de finalización del contrato preexistente.
En las concesiones de servicios de transporte regular de personas de uso general otorgadas o prorrogadas tras de la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transporte Terrestre, en las que se ha superado el plazo de duración del contrato sin que la administración haya adjudicado un nuevo contrato de concesión de servicios, se aplicarán las siguientes reglas:
El concesionario podrá continuar explotando el servicio por un período máximo de 18 meses a contar desde la aprobación del mapa concesional o desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, si éste fuera anterior a la aprobación del mapa concesional.
Transcurrido el plazo máximo de 18 meses anterior, en caso de que no se hubiera adjudicado el nuevo contrato, se extinguirá la concesión prorrogada, sin perjuicio de la posibilidad de la administración de adjudicar provisionalmente el servicio a un operador distinto, de conformidad con los sistemas de adjudicación directa previstos en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en la normativa europea, durante el período imprescindible para la licitación y adjudicación del nuevo contrato y, en ningún caso, por tiempo superior a nueve meses.
Los expedientes correspondientes a los nuevos contratos de concesión de servicios podrán serán ser objeto de tramitación urgente, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»

[Zaragoza, 21 de julio de 2025] El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha comparecido ante los medios de comunicación en la Plaza de Aragón de Zaragoza, usando exclusivamente la lengua aragonesa, para anunciar que ha logrado recabar el apoyo económico del Gobierno español al aragonés y al catalán de Aragón, en el marco de su trabajo en el Congreso para contrarrestar la involución del Gobierno de Aragón PP-Vox en materia cultural caracterizada por la censura: «Hoy tengo el orgullo de anunciar que hemos conseguido que el Estado reconozca por primera vez los derechos lingüísticos de los aragoneses y aragonesas, como viene haciendo con otras comunidades autónomas. Mañana martes se aprueba en Consejo de Ministros una línea de financiación anual de 100.000 euros para las lenguas de Aragón que lanza un mensaje bien claro: L’aragonés no rebla ante la censura de PP y Vox, e igual que impedimos que acabasen con el festival Periferias, impediremos que acaben con nuestras lenguas».

Pueyo ha declarado: «El Ministerio de Cultura va a destinar 100.000 euros a proyectos culturales en las lenguas de Aragón: aragonés y catalán de Aragón. Lo hará a través de dos subvenciones nominativas en favor de la Academia Aragonesa de la Lengua y de la Diputación provincial de Zaragoza, que se incluyen en el Real Decreto de prórroga presupuestaria que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Con esto, contrarrestamos la invisibilización y el negacionismo del Gobierno de Aragón hacia nuestras lenguas: que ha eliminado la Dirección General de Política Lingüística, que ha dejado sin fondos a la Academia Aragonesa de la lengua, que ha negado el reconocimiento digno a nuestras lenguas… Por eso, agradecemos al Ministerio de Cultura su sensibilidad y su apoyo, Con esta medida habrá fondos para actividades culturales en aragonés y en catalán de Aragón, como las que se venían prestando por la Dirección General de Política Lingüística».

«El aragonés es patrimonio inmaterial de todos los aragoneses y aragonesas (hablen o no hablen aragonés), pero también de toda la humanidad, y nuestra forma única de ver y entender el mundo. No tiene color político, es de todos y todas, y cualquiera que ataque a nuestras lenguas ataca a toda la ciudadanía aragonesa. Haber conseguido esto es un orgullo, y va por todos aquellos que ya no están y nos mostraron el camino y es fuente de esperanza para todos aquellos a los que queremos legar ese patrimonio», ha afirmado el diputado de CHA. «Hoy se da un paso para cumplir con el Estatuto, con la Constitución y con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Y es triste que el Estado tenga más preocupación por el patrimonio aragonés que el propio Gobierno de Aragón, secuestrado por las políticas de asimilacionismo cultural de Vox, que usa las lenguas como arma política. Y es que, de la misma manera que lo denunciamos cuando alguien usa el patrimonio material como arma política, no permitiremos que nadie lo haga con el patrimonio inmaterial».

El diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo, ha visitado la comarca del Aranda junto al secretario territorial de CHA en las comarcas zaragozanas, José Manuel Latorre. En Brea de Aragón han mantenido un encuentro ciudadano para hablar de despoblación, carreteras como la Illueca-Tierga, empleo, calidad de vida y la necesidad de tomar medidas para reindustrializar la comarca.

En este sentido, Latorre ha reclamado la apertura de una oficina de captación de empresas en Brea de Aragón, tal y como se comprometió el Gobierno de Aragón en 2024. “Es necesario que sea por fin una realidad y que cuente con una dotación económica y de personal suficiente para ayudar a fomentar la diversificación industrial de la comarca”, sostiene.

Además, ha recordado que “la carretera Brea-Illueca se está arreglando por fin, gracias a su inclusión en el Plan Especial de Carreteras impulsado por Chunta Aragonesista desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda”.

Jorge Pueyo, portavoz de reto demográfico del Grupo Plurinacional Sumar, ha repasado las numerosas iniciativas presentadas en el Congreso sobre esta materia, destacando la más reciente: la proposición no de ley sobre la declaración del 31 de marzo como Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

“Para CHA, el reto demográfico y la despoblación constituyen uno de los desafíos estructurales más importantes a los que se enfrenta el Estado español en el siglo XXI. La pérdida de población en amplias zonas rurales ha generado un progresivo debilitamiento del tejido económico y social, con consecuencias negativas para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural. Municipios con un rico patrimonio cultural, natural y social están en riesgo de desaparición si no se implementan medidas urgentes”, ha explicado.

El diputado ha señalado que “en las últimas décadas han alzado su voz numerosos colectivos ciudadanos desde diversos territorios del Estado reivindicando la vida en sus pueblos y comarcas: reclamando la mejora de carreteras o la finalización en la construcción de autovías largamente retrasadas; demandando la mejora de frecuencias y material rodante en los servicios ferroviarios o la reversión en la eliminación de paradas en el medio rural tanto ferroviarias como de transporte de viajeros por carretera; exigiendo una educación y una atención sanitaria públicas dignas en las áreas rurales y denunciando la ausencia de profesionales sanitarios o el cierre de aulas educativas; resistiendo frente al impacto agroambiental, social y territorial del despliegue desordenado de macroproyectos hidrológicos, de renovables u otros; reclamando el acceso a la vivienda a precio asequible o ayudas a la rehabilitación; o promoviendo alternativas de desarrollo y de empleo. Todas esas movilizaciones encontraban un denominador común: la lucha contra la despoblación y la defensa del futuro en sus pueblos, que se resisten a ser considerados como territorios de sacrificio”.

“Aquel ciclo reivindicativo culminó el 31 de marzo de 2019 en lo que se conoció como La Revuelta de la España Vaciada, cuando los habitantes y las organizaciones sociales de los territorios que sufren esta despoblación visibilizaron, unidos, la situación de abandono institucional que el mundo rural viene padeciendo desde hace décadas”, recuerda.

Pueyo ha apuntado que “como respuesta a ese clamor ciudadano, que situó la despoblación bajo el foco de la política estatal, más allá del ámbito local o autonómico en el que se movía hasta entonces, el Gobierno creó en enero de 2020 un ministerio con rango de vicepresidencia que ostenta el título competencial de Reto Demográfico, con el objetivo de velar por la cohesión territorial y garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y servicios en los territorios menos poblados de nuestro país”.

“No obstante, queda mucho por hacer. Por eso, el aldabonazo en la conciencia de nuestra sociedad que supuso el 31 de marzo de 2019 no puede caer en el olvido. El desafío demográfico y territorial debe ser transversal para evitar que puedan implementarse, por ejemplo, políticas de movilidad que puedan resultar contradictorias con el país a 30 minutos que se promueve”, añade.

Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca y En Comú han registrado en el Congreso una proposición de ley para derogar de forma expresa los Decretos de Nueva Planta que, a partir del siglo XVIII, suprimieron las instituciones propias de la Corona de Aragón —Aragón, València, Mallorca y Catalunya— tras la guerra de Sucesión.

Esta iniciativa legislativa, que viene de Juristes Valencians, busca saldar una deuda pendiente con la memoria histórica y política de estos territorios, reafirmando el reconocimiento de sus singularidades institucionales, jurídicas y culturales y que ningún tribunal pueda ampararse en los Decretos de Nueva Planta para impedir legislación como el derecho civil propio de los territorios.

La proposición se basa en la Disposición Derogatoria Segunda de la Constitución española, que reconoce la necesidad de anular normativas que, en su día, limitaron la foralidad vasca, y plantea una medida análoga para los territorios de la antigua Corona de Aragón.

Los cuatro firmantes consideran que estos decretos, dictados entre 1707 y 1716 por el monarca Felipe V, abolieron de forma autoritaria los derechos históricos, instituciones propias y sistemas jurídicos de unos territorios que hasta entonces habían conservado su autonomía dentro de la monarquía hispánica.

El texto registrado señala expresamente la derogación definitiva de los siguientes decretos:
• El Decreto de 29 de junio de 1707, que afectó a los antiguos Reinos de València y Aragón.
• El Decreto de 28 de noviembre de 1715, que abolió las instituciones del Reino de Mallorca.
• El Decreto de 16 de enero de 1716, que suprimió el régimen institucional del Principado de Catalunya.

Este viernes día 23 de mayo el Congreso se llenó de testimonios y de reflexiones sobre el desafío que supone la despoblación en este país. Ese era el objetivo de la Jornada ‘Contra la Despoblación’ organizada por el Grupo Plurinacional Sumar: «Hoy abordamos una cuestión vital, de modelo de país. ¿Apostamos por un país hipercentralizado o por un país cohesionado, donde, vivas donde vivas, tengas garantizados los mismos derechos y las mismas oportunidades? El 80% del territorio español es rural. Y, sin embargo, sólo vivimos en él el 20% de la población. Este desequilibrio tiene causas y consecuencias muy importantes», afirmó Verónica Barbero, portavoz del Grupo en el mensaje inaugural que se emitió en vídeo. «Hay que hacer una apuesta por las renovables, pero también, y sobre todo, un modelo de cooperación y una compensación razonable para evitar que se imponga una lógica extractivista», añadió.

A continuación, el diputado de CHA y portavoz de Reto Demográfico, Jorge Pueyo, responsable de la organización, presentó el contenido de la jornada, estructurada en 3 mesas redondas, en las que se debatió sobre la situación de los servicios básicos en el medio rural y el compromiso del Gobierno de que estén a 30 minutos como máximo de cualquier municipio, el problema específico de la vivienda en el medio rural donde también se sufre la gentrificación y la turistificación, y finalmente el impacto de los grandes proyectos en territorios poco poblados que parecen considerarse “de sacrificio” pero que resisten. Tras dar cuenta de las numerosas iniciativas presentadas por el Grupo en esta materia, Pueyo declaró: «Estas iniciativas y la convocatoria de esta jornada es la muestra de que estamos comprometidos a llevar el desafío de la despoblación al Congreso. Ese es el objetivo de esta jornada: que se escuchen en Madrid las voces de quienes luchan cada día para seguir viviendo en sus pueblos, para que no desaparezcan los médicos ni las paradas de bus, para que los poderosos no arrasen con todo como si el medio rural estuviera vacío y listo para el sacrificio. De eso hablaremos esta tarde y queremos que el Gobierno esté atento a la voz de nuestras comarcas».

El país a 30 minutos: el gran desafío contra el abandono

Moderada por la diputada de Comuns y portavoz adjunta Aina Vidal, la primera mesa reflexionó sobre los servicios básicos en el medio rural: «El país a 30 minutos: el gran desafío contra el abandono».

Abrió el punto José Antonio Domingo, representante del Movimiento de Acción Rural (MAR), constituido en la comarca de Cuencas Mineras (Teruel) para denunciar el recorte de servicios públicos (personal sanitario, paradas de autobús…), quien defendió «la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por el Medio Rural, la cohesión territorial y contra la despoblación, por encima de las discusiones partidistas». «En Teruel ya no quedan habitantes, quedan supervivientes. Por eso pedimos decisiones políticas para que no tengamos que seguir denunciando, para que el MAR y otras plataformas ya no tengan razón de existir».

La presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria Sur (ADASUR), Esperanza Magán, puso de manifiesto la compleja realidad demográfica de su territorio en Castilla-La Mancha, centrándose en la comarca de la Alcarria Sur de Guadalajara y destacando la necesidad urgente de adaptar las políticas públicas a las particularidades de las zonas rurales. ADASUR presentó su Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2023-2027, que, basada en un proceso participativo real, busca impulsar el desarrollo rural y abordar el reto demográfico a través de cinco objetivos generales y diez líneas estratégicas. Mientras 7 de sus municipios son periurbanos, 28 se encuentran en situación de extrema despoblación. Por ello se abordó la necesidad de una España “a 30 minutos”, para lo que ADASUR reclama dotación de servicios como radiología, geriatría, matrona y fisioterapia en los Centros de Salud y unidades médicas móviles para acercar la atención sanitaria a las zonas más remotas, así como ciclos formativos de FP que respondan a las necesidades del tejido productivo local o la mejora del transporte público mediante un servicio sensible a la demanda como ya funciona en otras zonas rurales. Finalmente, recordó que los retos demográficos recaen desproporcionadamente en la administración local, que debe aplicar la misma normativa que grandes municipios con mucha más población y recursos. Y concluyó reafirmando el compromiso de ADASUR con la búsqueda de soluciones para garantizar un futuro para sus pueblos.

A continuación, Luis Antonio Sáez, profesor de Economía, director del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) y exdirector de la Cátedra DPZ de Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, apuntó al método para analizar los servicio en el medio rural: «Tomar mejores decisiones, inspiradas por evidencias o, si no es posible, por argumentos contrastados, exige investigar de forma inductiva y deductiva, combinar experiencias y analíticas. En esa línea, se tienen en cuenta los estudios sobre los servicios básicos en el medio rural en España, así como las expectativas reconocidas al convivir con sus gentes, sin dejar de reflexionar sobre algo que subyace y no suele tenerse en cuenta: los paradigmas desde los que se valoran. En el tema de la despoblación, que debería ser el del desarrollo rural, la cuestión no es tanto de indicadores y ratios acordes a la corrección académica y política, siempre informativos pero no determinantes, sino de considerar cómo contribuimos a que las personas sean más capaces y relevantes, como termina el poema Invictus, ser “dueño de mi destino, capitán de mi alma”».

El reto de la vivienda en el mundo rural

Al diputado Jorge Pueyo le correspondió moderar la mesa «Donde quisimos vivir: el reto de la vivienda en el mundo rural», en la que se abordó la problemática de la gentrificación y la turistificación que también se da en municipios rurales.

«En el valle de Benasque lo que no nos faltan son casas, tenemos miles y miles de casas, pero el 90% de ellas están cerradas», denunció Martina Gilmartin, representante de la Plataforma Vivienda Digna de Benasque. «Algunas porque están vacías, otras tantas más porque son pisos turísticos, pero la gran mayoría son segundas o terceras residencias que se usan solo un par de semanas al año, como mucho. Y creemos que ninguna ley se fija en esto. Como sociedad no nos atrevemos a garantizar el derecho constitucional a la vivienda si pisa el derecho a la propiedad privada de los que más tienen. Mientras, los que trabajan de temporada solo aspiran a vivir en bungalows o caravanas. Y es muy fuerte que estas dinámicas se repitan a lo largo y ancho del Estado, desde las Islas Canarias a la costa Mediterránea y en todo el Pirineo. Se nos vende sistemáticamente el turismo como solución a nuestros problemas de repoblamiento y a nuestras economías rurales, pero no lo es. Las viviendas deberían ser para quienes habitamos el territorio, mientras que para las personas turistas deberían estar los campings, hoteles, etc.».

«La vivienda es una palanca clave para fijar y atraer población y para dinamizar la actividad económica y el empleo del medio rural», defendió Javier Martín Olmos, gerente de la asociación Tierras Sorianas del Cid, que ha explicado en qué consiste el proyecto HabitaRural: «Se trata de una alianza de tres territorios escasamente poblados (AGUJAMA en Teruel, PRODESE en Cuenca y TIERRAS DEL CID en Soria) que trabajamos para que la vivienda no sea un obstáculo para quedarse o venir a vivir a nuestros pueblos. Actuamos para promocionar el alquiler y la rehabilitación residencial, movilizando a los ayuntamientos y agentes inmobiliarios del territorio. Hemos elaborado una hoja de ruta de actuaciones para el impulso de la vivienda rural con herramientas prácticas y metodológicas para que la vivienda sea una palanca para fijar población y atraer nuevos vecinos a nuestros pueblos. La vivienda está ahora mismo en el centro del debate público y de la agenda política pero casi siempre con una mirada urbana, centrada en las grandes ciudades. El medio rural tiene su propia realidad, sus propios problemas y oportunidades, y necesita respuestas específicas, pensadas y diseñadas desde el propio territorio».

En tercer lugar, intervino Cecilia Falo, cofundadora de la asociación Re-Viviendo, que puso sobre la mesa cómo el reto de la vivienda está frenando la repoblación y cómo ha de tratarse diferente en el medio rural por el apego que se le tiene a las casas, el valor y la trascendencia humana que tienen. Además. desde su experiencia con la asociación Re-viviendo expuso diversos casos y ejemplos de buenas prácticas.

El impacto de macroproyectos en el medio rural

A continuación, la siguiente mesa abordó «¿Territorios de sacrificio? El impacto de macroproyectos en el medio rural», moderada por Mar González Báez, coportavoz federal de Verdes Equo y miembro de la Dirección del Grupo Plurinacional Sumar.

Javier Oquendo, portavoz y secretario de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, que se opone a macroproyectos eólicos como el clúster del Maestrazgo, declaró: «Las energías renovables son imprescindibles en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático, pero con un modelo de generación distribuida y ocupando espacios degradados, pues la preservación de la biodiversidad también es importante. El modelo basado en macroproyectos está degradando el medio natural y el medio rural, pues afecta de forma negativa a sus actividades tradicionales, el turismo y el paisaje como identidad de los territorios y sus ciudadanos. Una implantación desordenada se ha llevado a cabo por especuladores que han contado con el favor de las administraciones, facilitando la utilidad pública de muchos proyectos que son privados y excedentarios. Todo ello convirtiendo al mundo rural en actor secundario y espacio de sacrificio».

Por su parte, Adrián Gallero, en representación de la Plataforma Ulloa Viva, explicó que «desde esta Plataforma, a través de datos y cifras, se trasladaron los principales motivos de oposición al proyecto de implantación de la mega fábrica de celulosa promovida por Altri Greenalia. Al mismo tiempo, se pusieron en valor los recursos e iniciativas ya existentes en el territorio, que hacen de la Comarca de la Ulloa (Lugo) un territorio con potencial para erigirse en referente de sostenibilidad y dinamización rural».

Finalmente, Marina Gros, coordinadora de Energía y Clima de Ecologistas en Acción y Premio Nacional de Juventud en la categoría de Medio Ambiente 2024, afirmó: «Tenemos que dejar de hablar de transición energética y empezar a hablar de Transformación ecosocial. Estamos ante una disyuntiva en la que tenemos que cambiarlo todo, y el mundo rural tiene mucho que aportar en esto. Necesitamos planificación, desterrar de una vez el mito de que el mercado nos salvará, necesitamos dimensionar los proyectos a las necesidades y capacidades de los territorios, para que haya un equilibrio y una posibilidad de futuro digno tanto en la ciudad como en el campo. Necesitamos participación, activación democrática y ser agentes de nuestro propio futuro. Pero tampoco podemos olvidarnos de la solidaridad intraterritorial y aquí la perspectiva ecofeminista y decolonial es esencial para ver qué necesitamos y cómo cubrir estas necesidades dentro de los límites del planeta».

Clausura por la Directora General de Políticas contra la Despoblación

Quien clausuró la jornada fue la Directora General de Políticas contra la Despoblación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ana de los Ángeles Marín, que repasó las medidas puestas en marcha desde la creación de la Secretaría General de Reto Demográfico en 2020. «No valen las políticas sectoriales, hay que abordar este reto complejo desde todas las perspectivas, de forma transversal», afirmó. «Estamos trabajando ahora en una Estrategia Nacional por la Equidad Territorial y frente al Reto Demográfico con todas las administraciones, en un Plan Estatal del “País a 30 minutos” con todos los ministerios y en un Observatorio de Reto Demográfico como herramienta digital para poder basarse en evidencias y datos», anunció, antes de concluir el acto con un mensaje positivo: «Se valora más por las generaciones jóvenes la calidad de vida, los espacios libres de contaminación, los productos de cercanía… en suma, las fortalezas del medio rural. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma».

El diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo, va a trasladar la petición de las organizaciones agrarias para que la maquinaria agrícola pueda transitar por Monrepós.

Verónica Villagrasa, Secretaria Territorial de CHA-Alto Aragón, explica que “tras la reunión que representantes de las organizaciones agrarias mantuvieron el pasado 25 de abril con el Subdelegado del Gobierno de España en Huesca, queremos conocer cual es la solución que se está estudiando para facilitar en tránsito del Pirineo a la ciudad de Huesca, y evitar las movilizaciones indefinidas que se han anunciado por parte de UAGA, UPA y Asaja a partir del día 15, movilizaciones que conllevarían problemas para la circulación en los accesos a los tramos de autovía”.

Villagrasa recuerda que “la situación no es nueva, pero se va a agravar dentro de unas semanas con el cierre por obras de la A-132 que actualmente supone un recorrido más largo en muchos de los casos, pero que es la única vía alternativa que existe para que cosechadoras y maquinaría agrícola transite entre las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, y la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, lo que impedirá próximamente poder acceder a empresas de servicios y mantenimiento”.

“El sector primario es fundamental para nuestras comarcas, y por ello la administración, este este caso desde la central, se debe realizar un esfuerzo para aportar soluciones ante una situación que supone un quebradero de cabeza para muchos de nuestros agricultores”, concluye Villagrasa.

Esta mañana, Jorge Pueyo, diputado de CHA y del Grupo Plurinacional Sumar, ha comparecido ante los medios acreditados en el Congreso para informar acerca de una iniciativa para velar por el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por el Pleno la semana pasada, por la que el Congreso emplaza al Gobierno a crear un fondo que compense a Aragón con 87 millones de euros por la merma de ingresos producida en el presente ejercicio. También ha valorado la propuesta sobre condonación de la deuda a las Comunidades Autónomas que se discutirá mañana miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El diputado aragonesista ha explicado en relación con la propuesta de creación de ese fondo específico para Aragón de 87 millones lo siguiente: «Lo importante ahora es que el acuerdo parlamentario se cumpla en las mejores condiciones y en el menor plazo posible, porque recordemos que el fondo es para 2025. Por ello, he registrado una pregunta parlamentaria para que el Ministerio de Hacienda nos responda cuándo tiene previsto el Gobierno crear ese fondo específico para Aragón y qué pasos va a dar para dar cumplimiento a esta proposición no de ley, porque ya no es solo CHA quien lo pide, sino el propio Pleno del Congreso, el máximo órgano del poder legislativo».

«Según nos trasladó el PSOE, estarían encantados de que se reuniera la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. Como ya dijimos, nosotros estamos de acuerdo, lo habíamos pactado con ellos, aunque al final Hacienda hiciera saltar ese acuerdo CHA-PSOE por los aires. Esa Comisión Bilateral es un órgano que creó la última reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y resulta clave para nuestra bilateralidad y no vamos a renunciar a él. Por eso, esperamos que en esa respuesta el Gobierno se comprometa a convocar esa Comisión para que el Gobierno de Aragón pueda exponer sus razones y justificar la injusticia de esa merma de ingresos que ha estimado en 87 millones. En todo caso, sepan que seguiremos alerta, que no reblaremos y que para nosotros resolver esta injusticia es fundamental. Imprescindible para seguir avanzando en otras futuras negociaciones como los Presupuestos Generales del Estado o el nuevo Sistema de Financiación Autonómica», declaró Pueyo.

A continuación, fijó su posición en relación con la condonación de la deuda: «Desde CHA ya lo dijimos con los 87 millones y lo decimos ahora con la deuda, el Sistema de Financiación Autonómica no funciona. En CHA siempre buscamos lo mejor para Aragón, nosotras y nosotros sí que lo decimos claro. E igual que el PSOE de Madrid votó en contra de los 87 millones para Aragón porque lo decidió Madrid, ahora es el presidente de Aragón Azcón quien es una marioneta de Ayuso. Mientras otras comunidades se van a beneficiar, Ayuso obliga a Aragón a renunciar a 2.124 millones. ¿Renunciará Azcón al equivalente al 25% del Presupuesto de Aragón por temas partidistas, mientras otras CCAA lo reciban? Sinceramente, se le empiezan a ver las costuras a Azcón. El voto de Aragón en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no lo puede seguir decidiendo Ayuso. Azcón debe negociar y defender los intereses de Aragón e ir más allá, exigiendo la refinanciación total de la deuda».

Jorge Pueyo, diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, ha trasladado su satisfacción por la aprobación de la propuesta para crear un Fondo de Compensación de 87 millones de euros para Aragón, una iniciativa que ha contado con los 174 votos a favor del Grupo Plurinacional Sumar, PP, ERC, Podemos y Coalición Canaria; los 152 votos en contra de PSOE y VOX; y las 17 abstenciones de PNV, Bildu y Junts. 

“Hoy se votaba la Proposición para la creación de un fondo de compensación para Aragón que, como saben, contó con el voto a favor del PSOE en dos ocasiones en las Cortes de Aragón”, ha explicado Pueyo, quien confiesa que “ayer las negociaciones con el PSOE fueron durísimas, llegándonos a plantear un texto transaccional sin la mención de los 87 millones, algo que no podíamos aceptar”. 

El diputado de CHA explica que “estuvimos negociando con el PSOE antes del debate y al acabar el Pleno casi hasta medianoche. Durante toda la tarde intercambiamos posibles transacciones, y después de unas negociaciones muy tensas elaboramos una propuesta conjunta, llegando a un acuerdo que era coherente con la posición de las Cortes de Aragón”. 

“Sin embargo, cuando estábamos a punto de firmar la propuesta consensuada con el PSOE, de repente Hacienda lo ha echado por tierra”, lamenta, y añade que “el PSOE-Aragón no daba crédito, yo sé que han hecho todo lo posible pero no les han dejado. Después de que Hacienda haya hecho saltar el acuerdo por los aires, no ha quedado otra que presentar el texto original de la PNL”.

Jorge Pueyo ha señalado que “en las votaciones se ha visto claro, el PSOE ha desautorizado al PSOE-Aragón votando en contra de sus compañeros y de Aragón, y Hacienda parece decidida a vetar cualquier medida que mejore la vida de la gente”.

“Que quede claro: esto no es seguidismo de Azcón, es una propuesta de CHA y de todas las Cortes de Aragón con votos favorables de PP, PSOE, CHA, PAR, Teruel Existe, IU y Podemos”, ha insistido Pueyo, quien recuerda que “en CHA lo único que hacemos es que llevamos 40 años haciendo, defender a Aragón frente a este tipo de políticos y políticas”.

En este sentido, Jorge Pueyo ha lamentado que “el PP, partido que preside Aragón y tiene 7 diputados, no haya sido capaz de presentar esta iniciativa y haya tenido que hacerlo el único diputado de CHA, y más triste aún es presentar una enmienda que parece escrita por Génova o por Ayuso contra los intereses de Aragón y del propio Azcón quien, por cierto, no ha asistido a la votación a pesar de comprometerse públicamente”.

Pese a todo, el diputado de CHA ha valorado positivamente la votación de hoy: “Es un día muy feliz. Chunta Aragonesista, con el apoyo del Grupo Plurinacional Sumar, ha conseguido dos cosas muy importantes, como la aprobación de la propuesta para crear un fondo de 87 millones de euros para Aragón”.

“Además, hemos demostrado que somos los únicos que defendemos a los aragoneses y aragonesas sin dependencia de ningún otro partido, que no somos ninguna sucursal y que al final, nos quedamos solos defendiendo Aragón, espero que mucha gente recuerde esto en las próximas elecciones generales”, ha finalizado Jorge Pueyo.