El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, han firmado el convenio para la creación y puesta en marcha de la oficina pública de vivienda en la ciudad de Teruel que dará servicio general de información y tramitación a toda la ciudadanía, independientemente del lugar de residencia en Aragón.

El objetivo es crear un espacio administrativo especializado en materia de vivienda para que se pueda orientar, informar y asesorar a la ciudadanía de los recursos y medidas existentes de las diferentes administraciones: Ayuntamiento de Teruel, Gobierno de Aragón y Gobierno de España. En el acto de firma ha participado el director provincial del departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Ignacio Belanche. La oficina se pondrá en funcionamiento en septiembre en un equipamiento municipal y contará con dos personas para atenderla.

Tal y como ha señalado el consejero José Luis Soro “estas oficinas son una herramienta muy útil para acercar los recursos de las administraciones a la ciudadanía, para ser más eficientes a la hora de dar una solución o resolver una consulta”.

El consejero ha añadido que la vocación de esta oficina va más allá de las cuestiones de emergencia habitacional, busca ser un espacio también para resolver dudas sobre adquisición de vivienda, alquileres, transmisión de vivienda de VPO, ocupación ilegal de vivienda o gestión de ayudas para la rehabilitación.

Además de las labores de asesoramiento desde la oficina, se planificarán charlas, jornadas y talleres con el objetivo de ampliar la labor informativa.

La puesta en marcha de esta oficina surge de la colaboración económica de ambas instituciones y el convenio estará vigente hasta el 2025. El Gobierno de Aragón aportará 75.000 euros anuales y el ayuntamiento de Teruel 27.144 euros al año. Soro ha destacado que “el servicio que se preste se irá adaptando en función de las necesidades que se observen en la ciudad” y ha explicado que “se trata de un espacio con vocación de futuro, destinando presupuesto plurianual para llegar, como mínimo, a 2025”.

El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se encargará de facilitar toda la información relativa a las ayudas al alquiler, la rehabilitación, la Bolsa de Alquiler Social, o los recursos públicos para ayudar con el pago de la renta de alquiler.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado la importancia de este convenio que supone una puerta abierta para la ciudadanía y ha explicado que se va a seguir trabajando en materia de vivienda para buscar formas de poner más vivienda en Teruel al servicio de los jóvenes, de la bolsa de alquiler social y atendiendo nuevas necesidades.

El convenio que se ha firmado detalla diez funciones de estas oficinas: prestar información y asesoramiento en materia de compraventa de vivienda y alquiler de vivienda libre; informar sobre los trámites para la transmisión de vivienda protegida; atender cuestiones relacionadas con la Bolsa de Alquiler Social y Alquiler Asequible; asesorar en materia de mediación hipotecaria, de alquiler y de consumo energético; asistir de manera integral en materia de ayudas para el pago de la renta de alquiler y la rehabilitación de vivienda; detectar situaciones en las que se pueden producir desahucios; asistencia en caso de ocupación ilegal de viviendas; remitir expedientes a los diferentes organismos que deben tramitarlos; programar charlas y talleres informativos; y colaborar con el ayuntamiento para la elaboración de la documentación para las convocatorias de programas de regeneración urbana.

El objetivo de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación es crear una red de oficinas por todo Aragón para poder atender de manera más directa a la ciudadanía. La primera fase de esta red de oficinas comenzará por las capitales de provincia.

Se busca evitar el retraso en la tramitación debido a los requerimientos de subsanación de errores y la denegación de ayudas por falta de documentación

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha firmado el convenio de colaboración con seis entidades colaboradoras para la gestión de las convocatorias de ayudas al alquiler de 2021. Se busca superar la brecha digital y acercar las convocatorias a las personas en situación de vulnerabilidad haciendo más fácil la solicitud de las mismas. Soro ha señalado que “son los aliados ideales para hacer más sencilla la gestión y para que nadie se quede sin solicitar la ayuda porque desconoce la posibilidad de hacerlo o porque tiene dificultad para preparar la documentación requerida”.

Las entidades prestarán su colaboración para la gestión de las ayudas al alquiler de vivienda, ayudas a jóvenes con destino al alquiler de vivienda, que se publicarán en agosto con un presupuesto de 11 millones de euros; y las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, cuya convocatoria está abierta con una dotación de 3,4 millones. Las ayudas están reguladas e incluidas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

José Luis Soro ha destacado que el objetivo de estos convenios es agilizar la tramitación de las solicitudes, las entidades ayudarán a los posibles solicitantes a preparar y presentar de manera correcta y completa toda la documentación necesaria y la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación realizará el trámite para la adjudicación y pago de las ayudas.

El consejero ha recordado que en las convocatorias se producen muchos retrasos motivados por la necesidad de requerir la subsanación de errores, también se deniegan subvenciones porque la documentación está incompleta o no se paga porque no se presentan los documentos de justificación. Con esta fórmula se busca llegar a más destinatarios y agilizar el proceso de concesión de las ayudas.

Soro ha explicado que “en las últimas convocatorias también se ha puesto de manifiesto la brecha digital que existe en la sociedad y las dificultades a las que se enfrentan muchas personas ante la presentación telemática”.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha explicado que “nos preocupa mucho la barrera burocrática, que sea un obstáculo para acceder a un derecho, con la que se encuentran muchas personas a la hora de presentar la solicitud”. Soro ha señalado que, además, las entidades colaboradoras tienen implantación en el territorio y la ayuda puede llegar a más lugares. “Servirán para llegar a más destinatarios y agilizar el proceso de tramitación y de concesión de las ayudas. La gestión de las solicitudes se realizará en los centros de atención de las propias entidades. En la web del Gobierno de Aragón, en el apartado de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, se podrá consultar el listado de los centros de atención.

Otro aspecto muy importante de la colaboración es el que se refiere a la presentación de la documentación justificativa de la subvención una vez ha sido concedida la ayuda “para evitar que pierdan el derecho al cobro de la misma” ha dicho Soro.

Las entidades colaboradoras que ha firmado el convenio de colaboración son Kairós, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social; Fundación Federico Ozanam; Asociación de Promoción Gitana; AMASOL; EL TRANVIA; Fundación Rey Ardid.

Soro ha explicado que las entidades colaboradoras recibirán 7 euros por cada una de las solicitudes presentadas tras haber atendido, informado y ayudado a las personas solicitantes. Se estima que, en total, se podrán presentar unas 20.000 solicitudes con un importe total de 140.000 euros. Al margen de las solicitudes que se presenten a través de las entidades colaboradoras, la ciudadanía podrá presentarlas también directamente tal y como se ha realizado hasta ahora.

Estas entidades colaboradoras se encargarán de colaborar en la difusión de las convocatorias de subvenciones; informar y ayudar en la presentación de la solicitud y la documentación necesaria; ayudar a la ciudadanía para presentar la documentación justificativa derivada de la concesión de la subvención.

José Luis Soro ha señalado que “en otras convocatorias hemos puesto a disposición de la ciudadanía un teléfono de Atención al Usuario o la apertura de puntos específicos para la atención a la ciudadanía” y ha añadido que “estas herramientas no fueron suficientes por lo que era necesario buscar otras fórmulas de atención y creemos que esta opción va a ser la más directa y útil”.

En el caso de la travesía de Gelsa, la actuación se centrará en un tramo de la A-1105. En esta localidad ya existe una variante para el tráfico de paso, pero es necesario actuar en la mejora del firme de la travesía, con una longitud de 2,5 kilómetros, que discurre entre las intersecciones de la travesía con la variante. Las obras comenzarán este verano y cuentan con un presupuesto de 190.615 euros. Una vez estén finalizadas se prevé la cesión de la misma, mediante convenio, al Ayuntamiento para que se encargue de su gestión.

El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha impulsado también la licitación de las obras para el refuerzo de firme de las travesías de Sarrión y Muniesa. Las obras están en fase de adjudicación por lo que se espera que los trabajos puedan comenzar este verano.

En la travesía de Sarrión se invertirán 196.970,78 euros en la antigua carretera n-234 en un tramo de un kilómetro. En el caso de la travesía de Muniesa, la inversión asciende a 195.368,72 euros para la actuación en dos kilómetros de la A-222a. Una vez finalizadas las obras se trasladará la titularidad de las mismas a los ayuntamientos mediante el convenio aprobado hoy.

Al igual que ocurre en el tramo de Gelsa, ambos municipios cuentan con variantes que convierten a estos tramos de carretera en vías urbanas con tráfico local. Dado que ya existen aceras y que los servicios de abastecimiento y saneamiento se encuentran en buen estado, la actuación se centrará en la mejora del firme con una extensión de capa de mezcla bituminosa en caliente de unos 7 centímetros de espesor.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y el alcalde de Jaca, Juan Ramón Ipas, como presidente del Patronato de la Fundación Thomas de Sabba, han firmado un convenio de colaboración para la erradicación de asentamientos insalubres en la ciudad de Jaca. Se trata de una subvención nominativa para 2021 con un importe de 30.000 euros que se destinará a la rehabilitación de dos viviendas adquiridas por la Fundación Thomas de Sabba y que se destinarán al realojo de familias chabolistas del barrio de San Jorge de Jaca. Una acción que se incluye dentro del “Plan de erradicación del chabolismo de Jaca” con el que se pretende terminar con el problema de infravivienda en esa parte de la ciudad.

En el acto ha participado también la delegada del Gobierno de Aragón en Huesca, Carmen Luesma; la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa; y la directora provincial de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Ana Pardo. La Fundación Thomas de Sabba fue constituida en 1999 por el Ayuntamiento de Jaca, Cáritas Diocesana de Jaca y la Asociación Gitana Mistós.

José Luis Soro ha destacado que “con esta subvención queremos apoyar la labor que se está realizando en Jaca y que supone dotar de vivienda digna a las familias como paso previo para el acceso a otros derechos básicos como son la sanidad o la educación”. Soro ha puesto en valor el trabajo que se lleva a cabo, que va más allá de una solución habitacional porque implica un trabajo de servicios sociales completo para favorecer la integración y el acceso a oportunidades laborales y la mejora de la calidad de vida.

Por su parte, el alcalde de Jaca, Juan Ramón Ipas, ha explicado que el objetivo es acabar con este asentamiento chabolista en un plazo de 4 años. En estos momentos existe ya una familia en el proceso de tránsito del asentamiento a la ciudad y con las dos viviendas, propiedad ya de la fundación, que se van a rehabilitar, se espera realojar a dos familias más este año.

El alcalde ha puesto en valor la labor de acompañamiento de los servicios sociales que permiten que “las familias no quieran volver al asentamiento y mejoren su calidad de vida, especialmente desde el punto de vista sanitario”. En el barrio de San Jorge existen en estos momentos un total de 24 familias y se estima que hay una veintena de menores que viven allí.

Con este convenio se busca apoyar la labor que se viene realizando en el asentamiento en el barrio de San Jorge. El asentamiento se originó en los años 60 y que llegó a contar hasta con 80 chabolas. En la actualidad se sigue trabajando de una manera integral para evitar que la situación de exclusión social se cronifique.

Se aplicará a los programas de ayudas para el pago del alquiler para minimizar el impacto económico y social del COVID19

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y la decana autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Ángeles Ruiz Blasco, han firmado la adenda al convenio por la que se amplía el plazo de vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021.

En el mes de agosto de 2020 se suscribió un Convenio entre el Gobierno de Aragón y el Decanato Autonómico de Aragón del Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles y de Bienes de España para colaborar en la cesión de información sobre las notas de localización de las personas que solicitan ayudas al Gobierno de Aragón, dentro de los programas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID19 en los alquileres de vivienda habitual y en el Programa 3, de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (Orden TMA/336/2020).

Soro ha explicado que “gracias a este convenio evitamos que la ciudadanía deba presentar la nota de localización que acredita la existencia o no de titularidad de viviendas, es decir, el documento que acredita que las personas que piden las ayudas no cuenta con otra vivienda en propiedad”.

El objetivo de este convenio era evitar el trámite a las personas solicitantes “un trámite que muchas veces resulta complicado para quienes no están familiarizados con la materia” ha explicado Soro quien ha añadido que “además, así agilizamos el proceso de tramitación de las ayudas y evitamos tener que hacer requerimientos y subsanaciones”.

Durante el 2020, este convenio facilitó la gestión a las personas que solicitaron las ayudas al alquiler Covid. La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación tiene previsto lanzar una nueva convocatoria de ayudas al alquier Covid, con un importe de 3,4 millones de euros, en las próximas semanas. Unas ayudas que servirán para pagar el alquiler entre los meses de enero y junio a las personas que cumplan los requisitos establecidos por el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación “con los mismos criterios que la convocatoria anterior ya que no la podemos adaptar desde Aragón” ha explicado Soro.

Por otro lado, el convenio también servirá para aquellas personas que se deriven al Programa 3 del Plan Estatal de Vivienda, de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables también se pondrá en marcha en Aragón en unas semanas. Con este programa, dotado de manera inicial con 800.000 euros, se afrontará el pago del alquiler de viviendas en aquellos casos en los que se imposible que el Gobierno de Aragón les proporcione una vivienda.

Por su parte, la decana autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Ángeles Ruiz Blasco, ha destacado la voluntad de colaborar para “en un marco de ayudas covid con personas en situación de vulnerabilidad en beneficio de la ciudadanía, para que las personas se vean más acompañadas en el proceso de solicitud de ayudas”.