El último informe sobre listas de espera en Aragón ha puesto de manifiesto un incremento muy preocupante en las comarcas turolenses.

Ante esta situación, la Secretaria General de CHA y Portavoz en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha anunciado la presentación de diversas iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Aragón medidas concretas y urgentes.

CHA preguntará por las acciones que se van a adoptar para incrementar los recursos sanitarios en las comarcas turolenses y garantizar que se refuerzan tanto las plantillas médicas y de profesionales del sector sanitario como los medios tecnológicos en los hospitales de referencia, de forma que estas comarcas no queden relegadas en el acceso a intervenciones quirúrgicas. Asimismo, se pedirá información sobre la aplicación de un plan de choque específico para reducir las demoras en aquellas especialidades con mayor saturación, así como sobre la posibilidad de establecer mecanismos de transparencia que permitan conocer en tiempo real la evolución de las listas de espera en cada centro hospitalario.

Lasobras ha recordado que la sanidad pública debe ser un servicio vertebrador del territorio y que no puede permitir desigualdades en función del lugar de residencia. “Estos datos son alarmantes y demuestran que las políticas sanitarias actuales no están respondiendo, especialmente en territorios con menos recursos. No podemos tolerar que en Teruel se tenga que esperar meses por una intervención. CHA trabajará en las Cortes de Aragón para que la sanidad sea vertebradora y no un elemento de desigualdad territorial”, ha señalado.

Salir de la autovía A-23 rumbo a Rubielos de Mora es como abrir los créditos de una superproducción de aventuras: la primera escena nos coloca en la A-1515, un tramo que conecta el pueblo con “el mundo exterior” y que parece diseñado por un director con gusto por la emoción y el suspense.

Curvas generosas, baches estratégicamente colocados y vistas panorámicas que podrían haber servido de storyboard para cualquier película de acción o documental natural. Aquí, conducir es interpretar un papel principal: esquivar baches mientras se contempla la belleza de los pinares y las montañas, todo en un plano secuencia que no admite cortes.

El tramo más crítico, de apenas dos kilómetros, merece un Goya o los Simón que nos son más propios: curvas cerradas, firme traicionero y baches que parecen diseñados por un Chomón moderno, amante del artificio y del efecto sorpresa. Cada giro es una escena donde se mezclan tensión, comedia involuntaria y la adrenalina pura de la conducción rural.

Pero entonces llega el gran giro de guion: la travesía del casco histórico de Rubielos de Mora. Aquí, la acción se intensifica. Camiones y vehículos pesados se convierten en extras de una película de acción, como si Buñuel hubiera decidido rodar un remake surrealista sobre la vida cotidiana de un pueblo de Teruel.

Los vecinos y vecinas se quejan de la sobrecarga de tráfico, pero ¿qué saben ellos de cine de aventuras rural? Algunos sugieren ideas radicales, como reforzar el firme o desviar los camiones. ¡Qué final más aburrido sería! La seguridad vial nunca debería arruinar un buen rodaje.

Y si hablamos de cine, Teruel siempre ha sido tierra de grandes creadores, llevamos el celuloide en nuestras venas. Y hay una película donde el viaje y el paisaje es la trama de la vida, ahí tenemos a “Sirat”, recientemente nominada a la gala de los Oscar, demostrando que las comarcas turolenses siguen siendo un codiciado plató de rodaje.

Esta película nos muestra que cualquier parecido con la realidad es deliberado, pero al verla, si no lo han hecho la recomendamos, las rutas, paisajes y emociones de su trama tiene su espejo diario en cada bache, cada curva, en cada camión de la carretera de Rubielos de Mora.

Así que mientras esquivamos obstáculos y disfrutamos del paisaje, podemos felicitarnos: No solo ofrecemos curvas traicioneras, tenemos historia, belleza y, sobre todo, cine sobre ruedas. Si el Gobierno de Aragón estuviera atento a la pantalla tendríamos el final que esta historia merece.

El viento recorre los campos y los bosques del medio rural, llevando consigo el olor de la leña que arde en estufas y calderas, testigos silenciosos del invierno y del esfuerzo cotidiano. La política europea, en su afán por abrazar la sostenibilidad, ha trazado nuevas normas que buscan reducir emisiones y proteger el aire que respiramos. Sin embargo, en su camino hacia la eficiencia ecológica, corre el riesgo de olvidar que la vida rural no se mide solo en cifras, sino en hogares que dependen de calor tangible, de llamas que no pueden apagarse cuando la electricidad falla.

Los proyectos iniciales planteaban adaptaciones costosas, sustituciones técnicas que habrían dejado a muchas familias sin calefacción en los momentos más duros del invierno, y del frío sabemos mucho en las comarcas turolenses, mientras sus recursos, ya limitados, apenas alcanzaban el 75 % de la media europea. La noble intención de cuidar el planeta se chocaba, así, con la realidad más básica: la necesidad de calor para vivir.

La respuesta de la Comisión Europea introduce un giro necesario: la verificación rural, o “rural proofing”, que obliga a mirar con ojos distintos, a escuchar la voz del territorio antes de dictar normas. Es un recordatorio de que la sostenibilidad auténtica no puede imponerse de manera uniforme, sino que debe adaptarse a contextos diversos, reconociendo que la vida en el campo tiene su ritmo, sus riesgos, sus silencios y sus urgencias. La política ambiental se encuentra, así, con la prudencia y la empatía, recordando que el progreso no puede ser ciego ante quienes sostienen la esencia misma del continente.

El anuncio de que las nuevas normas afectarán solo a los productos nuevos y no a los ya instalados ofrece un respiro: los hogares no serán obligados a abandonar lo que ya les brinda calor y seguridad. Este gesto, pequeño en apariencia, encierra una filosofía más profunda: la transición hacia lo verde no debe ser una carrera que deje atrás a los más vulnerables, sino un camino que abrace a todos con respeto y equidad.

El proceso continúa abierto, y aún hay margen para defender soluciones sensibles, adaptadas a la realidad rural, lejos de la desinformación que intenta sembrar miedo en quienes dependen de la tierra y de la leña para sobrevivir. La experiencia demuestra que la política puede ser un puente, no un muro, cuando escucha y reconoce las particularidades de cada lugar.

Entre la ley y la vida, entre la norma y la necesidad, se encuentra la verdadera medida de la sostenibilidad. Que la transición ecológica sea también justa, consciente y humana es un desafío que va más allá de reglamentos y decretos: es un acto de cuidado, de respeto por quienes habitan los rincones donde el tiempo parece más lento, pero donde la vida se siente, más que en ninguna parte, en la tibieza de un hogar que arde mientras afuera arrecia el invierno turolense.

CHA ha mostrado su apoyo a las demandas del sector agrícola, ganadero y a la de los once municipios atendidos por la Oficina Comarcal Agroambiental (OCA) de Muniesa, que reclaman su reapertura inmediata y la restitución total de un servicio esencial para la supervivencia del sector primario en la zona.

Carbó ha recalcado que “esta parálisis administrativa es un golpe directo al campo turolense, que ve cómo se cierran las puertas de la administración en su propia cara”. “En lugar de apoyo, lo que reciben agricultores y ganaderos son trabas, retrasos y un abandono que agrava la despoblación”, ha añadido.

Por su parte, José Luis Soro, Portavoz de CHA en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón, ha anunciado que registrará iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Aragón “la reposición urgente de todas las plazas vacantes y la reapertura inmediata de la OCA de Muniesa con el 100 % de sus servicios operativos”.

Carbó ha recordado que “desde CHA llevamos meses denunciando la falta de personal en las OCAs, que sufren un deterioro estructural derivado de la no actualización de las listas de oposiciones y del abandono en la planificación de recursos humanos”. “El Gobierno de Aragón no puede mirar hacia otro lado mientras el sector agrícola y ganadero se ven incapaces de tramitar ayudas, mover ganado o cumplir con sus obligaciones sanitarias”, ha subrayado.

Desde CHA se insiste en que “la OCA de Muniesa no es un despacho más, es el corazón administrativo del sector primario en once municipios turolenses que dependen de su actividad para poder sobrevivir”. “Mantener cerrada esta oficina es cerrar oportunidades, condenar a la gente a desplazamientos imposibles y dejar al campo aragonés sin el respaldo público que necesita”, concluyen.

El Secretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, ha anunciado que la Secretaria General de CHA y Portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, presentará una iniciativa parlamentaria, en forma de pregunta para respuesta escrita, para reclamar al Gobierno de Aragón soluciones inmediatas al problema del transporte escolar de los niños y niñas de Cabra de Mora, que acuden al colegio San Miguel de Mora de Rubielos.

En la actualidad, son cuatro menores matriculados en Mora de Rubielos que residen en Cabra de Mora. El centro solicitó en tiempo y forma el transporte escolar, pero la falta de empresas y conductores interesados en cubrir la ruta ha impedido su puesta en marcha. Esta situación, según recuerdan desde la Asociación Cabra de Mora Pueblo Vivo, ya obligó el curso pasado a que los padres se hicieran cargo del traslado sin haber recibido hasta ahora compensación económica por parte del Departamento de Educación.

Carbó ha subrayado que “resulta incomprensible que se hable tanto de luchar contra la despoblación y, cuando por fin Cabra de Mora cuenta con nuevas familias, no seamos capaces de garantizar algo tan básico como que puedan ir a su colegio en condiciones de igualdad”.

Por su parte, Isabel Lasobras planteará en las Cortes de Aragón la necesidad de articular de forma urgente una solución temporal que permita cubrir la ruta mientras se formalizan los nuevos contratos de transporte escolar previstos para enero, y que incluyen la conexión de Cabra de Mora con Mora de Rubielos.

“No se puede pedir a las familias que sigan asumiendo este esfuerzo un curso más. El Gobierno de Aragón debe explorar todas las alternativas posibles”, ha explicado Lasobras.

CHA considera “inaceptable” que no se pueda garantizar este servicio en un municipio que lucha por recuperar población y vida comunitaria.

“Si queremos que el medio rural tenga futuro, necesitamos hechos concretos y compromisos firmes, no excusas administrativas. Cabra de Mora no puede esperar más”, ha concluido Carbó.

El aeropuerto de Teruel ha sido, en los últimos años, una historia de éxito poco común en Aragón. Lo que nació como un proyecto cuestionado, se ha consolidado gracias al impulso del anterior Gobierno de Aragón y al esfuerzo compartido con empresas innovadoras.

Hoy, el recinto es un referente europeo en actividades industriales, logísticas y aeroespaciales: desde el mantenimiento y estacionamiento de aeronaves hasta la experimentación con dirigibles estratosféricos o plataformas de vuelo autónomo.

Este modelo ha tenido un mérito añadido: demostrar que en territorios históricamente castigados por la despoblación se puede generar riqueza desde la innovación, y no solo a través de la vieja lógica extractivista. Durante décadas, Aragón interior ha sido tratado como un territorio del que sacar carbón o energías renovable “para llevarla fuera”. El aeropuerto de Teruel rompió ese patrón: no era una mina, sino un motor; no un almacén de recursos, sino un polo tecnológico de futuro.

Sin embargo, hoy ese rumbo claro corre el riesgo de desdibujarse. La tentación de poner el proyecto al servicio de la agenda militar puede hipotecar lo conseguido. Basta mirar hacia Zaragoza para comprender el peligro. Allí, el control aéreo sigue en manos del Ejército desde los años noventa, lo que provoca cierres nocturnos, limita la actividad civil y llega incluso a condicionar la expansión del polígono de Plaza, como ha ocurrido más recientemente con la petición del Ministerio de Defensa.

¿Queremos repetir ese error en Teruel? La reciente presentación del CIEMA, centro de entrenamiento militar con base en el aeropuerto, es un síntoma de que la balanza puede inclinarse en esa dirección. Se trata de alertar de que, si ese eje se convierte en el dominante, el proyecto civil y tecnológico quedará relegado a un segundo plano.

El riesgo es evidente: volver al viejo patrón extractivo, ahora en clave espacial o de defensa, donde el territorio sirve como campo de pruebas o zona de paso, pero no como generador de riqueza estable. Y ese sería un fracaso colectivo. Ubicar aquí lo que molesta o perjudica en otros territorios, en otros aeropuertos.

Su futuro debe seguir siendo el de un nodo industrial, logístico y tecnológico, abierto al mundo y a la innovación, no el de una plataforma subordinada a decisiones ajenas.

Aragón ya ha pagado demasiados peajes por un modelo de desarrollo que extrae recursos sin dejar valor añadido en el territorio. No convirtamos también el cielo en otra mina. El aeropuerto de Teruel debe seguir siendo un proyecto colectivo, generador de empleo cualificado, riqueza e innovación. Un activo estratégico, sí, pero al servicio del desarrollo civil.

Porque lo que está en juego no es solo una infraestructura: es la posibilidad de que un territorio históricamente olvidado dibuje, por fin, su propio futuro.

Javier Carbó Cabañero

CHA ha mostrado su apoyo para intervenir de forma inmediata en la noria de madera de las salinas de Armillas, un elemento patrimonial único que se encuentra en peligro inminente de desaparecer debido a su avanzado estado de deterioro.

Ante esta situación, CHA ha presentado iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón, a través de Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y Portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, para exigir al Gobierno de Aragón medidas inmediatas de protección, conservación y puesta en valor de la noria.

Javier Carbó, Secretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses, ha señalado: “No podemos permitir que un patrimonio de más de 200 años de antigüedad, que constituye un auténtico alarde de carpintería tradicional y un testimonio histórico de la economía salinera en nuestra tierra, desaparezca por la dejadez institucional. Actuar es urgente, imprescindible y, además, viable con una inversión muy asumible. La pérdida de la noria de Armillas sería imperdonable”.

Por su parte, Isabel Lasobras ha subrayado en su iniciativa parlamentaria que el Gobierno de Aragón tiene la obligación de “impulsar políticas que protejan, rehabiliten y difundan un patrimonio cultural que forma parte de la identidad de nuestros pueblos y que también puede convertirse en motor de desarrollo local vinculado al turismo cultural y educativo”.

Finalmente, hay que volver a recordar que el estado de la noria es “muy grave” y que, si no se actúa de forma inmediata, el riesgo de pérdida total será inevitable.

CHA ha reiterado hoy su oposición frontal al proyecto de macroalmacén de dióxido de carbono en el Maestrazgo. El plan contempla inyectar millones de toneladas de CO₂ en el subsuelo de municipios como Villarluengo, Tronchón, Mirambel, Cantavieja o Cañada de Benatanduz.

El Secretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, ha sido contundente: “No vamos a permitir que el Maestrazgo se convierta en un laboratorio de riesgos al servicio de las empresas energéticas. Este proyecto es una huida hacia adelante que prolonga el uso de combustibles fósiles y expone a nuestra tierra a peligros de fugas, movimientos sísmicos o contaminación de acuíferos”.

En este contexto, Carbó ha exigido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que abandone las medias tintas y adopte una posición clara de rechazo.

Como alternativa, CHA plantea abrir un proceso participativo para impulsar la creación de un Parque Natural en las sierras orientales de Teruel, una figura de protección inexistente en la provincia y que permitiría atraer fondos, fomentar el ecoturismo, preservar los valores ambientales y generar oportunidades ligadas a la gestión forestal y la conservación del paisaje.

“Frente a macroproyectos que hipotecan el territorio, defendemos un futuro basado en el respeto a nuestro patrimonio natural y en un desarrollo verdaderamente sostenible”, ha concluido Carbó.

Debe de ser que en Aragón tenemos un plan secreto para hacer turismo de emociones fuertes. No se trata de senderismo, ni de escalada, ni de deportes de aventura: consiste en visitar iglesias sin techo, molinos con los cimientos a punto de desplomarse y conventos donde la maleza ha sustituido a los retablos. Un viaje al abismo de lo que fuimos y de lo que, aparentemente, hemos decidido dejar de ser.

Las comarcas turolenses suman otro estigma: 27 monumentos incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra, ese inventario de vergüenzas donde se apuntan los tesoros que se desmoronan ante la indiferencia institucional. ¿Qué hay tres bienes restaurados? Pues claro, no hay que ser catastrofistas: ¡tres! Eso ya casi suena a política patrimonial seria, ¿verdad?

Mientras tanto, el Molino Viejo de La Fresneda amenaza con venirse abajo, la Casa Grande de Fuentes Claras sigue atrapada entre disputas y la mina de Santa Bárbara en La Cañada de Verich luce como un manual práctico de abandono progresivo. No hace falta estudiar arquitectura para ver que sin intervención alguna pronto serán simples montones de escombros. Quizá ese sea el objetivo: reciclar el patrimonio en grava.

Lo curioso es que a nadie le tiembla el pulso a la hora de proclamar que el patrimonio cultural es un “motor de desarrollo local”. Se llenan los discursos de palabras como turismo sostenible, cohesión social o puesta en valor, pero cuando llega la hora de presupuestar, el motor se queda sin gasolina. Eso sí, las fotos con el monumento detrás —aunque tenga media fachada desplomada— nunca faltan.

Se nos dice que todo esto requiere coordinación institucional, apoyo a los ayuntamientos, colaboración con asociaciones locales… en fin, un vocabulario tan amplio como etéreo. Mientras los papeles circulan de mesa en mesa, las bóvedas se desploman y las inscripciones se borran.

No se trata únicamente de salvar piedras. Hablamos de conservar la memoria de comunidades enteras, de mantener vivo un legado que puede ser fuente de orgullo y de futuro. Pero claro, ese futuro no cotiza en los presupuestos de cada año. Y aquí seguimos, entre ruinas románticas y discursos vacíos.

Quizá algún día, cuando el último convento se haya convertido en establo y la última ermita en escombro, alguien inaugure una ruta turística llamada “Aragón desaparecido”. Será un éxito: el patrimonio perdido, por fin, convertido en atractivo. Y entonces sí, todos felices, porque habremos logrado lo imposible: sacar rentabilidad a nuestra desidia.

Javier Carbó, secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, ha denunciado que “muchos de estos edificios, cargados de historia y de identidad, se encuentran abandonados a su suerte y corren el riesgo de desaparecer por completo si las instituciones no reaccionan con rapidez”. Carbó ha recordado que “cada monumento perdido es una parte de nuestra memoria colectiva que se desvanece, y Teruel no puede permitirse más olvidos”.

Entre los elementos en riesgo figuran el Molino Viejo de La Fresneda, la Casa Grande de Fuentes Claras o la mina de Santa Bárbara de La Cañada de Verich, por ejemplo, todos ellos con estructuras deterioradas y sin una intervención efectiva que garantice su conservación.

Desde CHA se anuncia la presentación de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Aragón un plan específico de recuperación del patrimonio en peligro en las comarcas turolenses. En este sentido, Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA y portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, ha avanzado que “vamos a defender medidas concretas para que se destinen más recursos a la protección del patrimonio en Teruel, con proyectos realistas, financiación estable y un calendario de actuaciones que evite seguir perdiendo parte de nuestro legado”.

Carbó ha subrayado que “el patrimonio cultural no solo es un testigo de nuestra historia, sino también un motor de desarrollo local que puede generar turismo, empleo y cohesión social. Abandonarlo es perder oportunidades para el presente y el futuro de nuestras comarcas”.

CHA considera imprescindible una mayor coordinación entre instituciones públicas y ayuntamientos con un mayor apoyo a las asociaciones locales para salvar los monumentos que aún están a tiempo de recuperarse, evitando que pasen a engrosar la lista de los que ya no tienen solución.