04 Abr A propuesta de CHA la Comarca de Sobrarbe muestra su rechazo unánime ante la nueva amenaza de trasvase del Ebro
El Consejo Comarcal de Sobrarbe celebrado ayer, aprobó de forma unánime su rechazo a cualquier trasvase de agua de la Cuenca del Ebro a otras cuencas hidrográficas, instando al Gobierno de Aragón a proseguir con cuantas actuaciones políticas y jurídicas se consideren necesarias para oponerse.
El Consejo Comarcal de Sobrarbe solicitará al Gobierno de Aragón que demande al Gobierno de España la adopción de cuentas decisiones políticas se consideren necesarias para denegar, por parte de la administración pública competente, el permiso de concesión de los caudales previstos para la realización del trasvase entre cuencas hidrográficas proyectado por el Gobierno de Cataluña.
Las iniciativas que han emanado de Cataluña en materia de planificación hidrológica y que resultan perjudiciales para los intereses de Aragón, nos obliga a hacer un nuevo llamamiento a la unión y a la actuación conjunta de todas las fuerzas políticas aragonesas para desarrollar una oposición a este nuevo intento de trasvase intercuencas.
“El Ministerio de Medio Ambiente, y la Confederación Hidrográfica del Ebro tienen en su mano paralizar estos nuevos intentos de trasvase, que de llevarse a cabo supondrían un precedente peligrosísimo ante las demandas latentes sobre el agua del Ebro en el Levante”, ha afirmado José Ramón Ceresuela, portavoz de CHA.
También de forma unánime y a propuesta de CHA, el Consejo Comarcal ha acordado solicitar al Gobierno de Aragón un cambio de rumbo total del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración que se diseñó en tiempos del PSOE-PAR, para que la administración aragonesa facilite la recuperación de competencias por parte de los ayuntamientos interesados, anulando los correspondientes convenios incumplidos, de forma que cada ayuntamiento pueda licitar la depuradora que entienda adecuada para su municipio.
La Comarca de Sobrarbe solicitará a la DGA que promueva tarifas progresivas que permitan recuperar los costes del ciclo integral del agua incluyendo penalizaciones, exenciones e incentivos que garanticen el acceso universal de los ciudadanos a servicios de alta calidad, una gestión de la demanda eficiente y el sostenimiento financiero del ciclo integral del agua.
Por último se exige al Gobierno de España la supresión de las multas promovidas por la CHE contra los ayuntamientos.