CHA celebra que la reforma de la Ley de Memoria Democrática reconozca el derecho al resarcimiento de los bienes incautados por el franquismo

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Marco Negredo, secretario de Cultura e Identidad Nazional: “Estaremos muy pendientes de que se ponga en marcha una auditoría lo antes posible para resarcir a los afectados y herederos en distintos lugares de todo el Estado, entre ellos la localidad aragonesa de Maella”

El secretario de Cultura e Identidad Nazional de Chunta Aragonesista, Marco Negredo, ha recordado la incautación de papel moneda y otros signos fiduciarios republicanos por parte del régimen franquista, de cuyo hecho dan constancia documentos en distintos lugares de todo el Estado, entre ellos la localidad aragonesa de Maella.

“Un informe del Banco de España, fechado el 11 de marzo de 1938, eleva la incautación a 35 millones de pesetas, y según la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) habría hasta unas 747 familias a quienes los golpistas embargaron más de 10,5 millones de pesetas”, explica.

Por estos motivos, CHA presentó una iniciativa en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para conocer si el Gobierno de España tiene previsto resarcir a estos particulares, o sus herederos, y si considera que esta medida podría tener cabida en la reforma de la denominada Ley de Memoria Democrática.

En su respuesta, el Gobierno de España explica que el artículo 31 del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, “reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura”.

“La Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de dichas incautaciones y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas”.

Finalmente, aclara que “esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados”, pero que “deberá llevarse a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de dicha ley, y una vez finalizada se implementarán las posibles vías de reconocimiento a los afectados”.

“Es una buena noticia que por fin se reconozca el derecho al resarcimiento de los bienes incautados por el franquismo”, ha celebrado Marco Negredo, quien advierte de que “estaremos muy pendientes de que se ponga en marcha esta auditoría lo antes posible”. “Es un paso importante para seguir avanzando en el reconocimiento, la reparación y la dignificación de todas las víctimas del franquismo”, ha finalizado.