CHA considera que la sentencia sobre el canon digital es la última demostración de los continuos “errores del Gobierno de Rajoy también en materia cultural”

CHA considera que “el varapalo jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” es de tal calado que existen responsabilidades políticas por parte del Gobierno de Rajoy , impulsor de la norma ahora desmontada. Carmen Martínez, Secretaria General de CHA: “Estamos hablando de cultura, de autores, de creación y el PP solo quiso proteger los intereses de los más poderosos. Han tenido que ser los tribunales ya que no lo fueron los votos los que han demostrado que teníamos razón, pero no nos conformamos queremos un acuerdo urgente para modificar la normativa”.
CHA recuerda que su diputado en el congreso, Chesús Yuste, como portavoz de la Izquierda Plural reclamó en la anterior legislatura, concretamente en la Comisión de Cultura celebrada el pasado 26 de noviembre de 2013, una alternativa al canon digital, “pero no a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que había sido la solución transitoria que se había aprobado en el primer Consejo de Ministros de Rajoy y que entendíamos que no debía consolidarse como una solución permanente”. “Si a nuestro juicio”, decía Yuste, “era un error cargar los derechos de autor sobre los consumidores de CD, aún era más grave cargarlo sobre todos los contribuyentes. Por eso entendíamos que aquella decisión de diciembre de 2011 iba a ser transitoria”.” Yuste tenía razón, pero el PP ignoró su argumentación rechazando esta propuesta en su día”, afirma Carmen Martínez. 
CHA considera que la ley aprobada por el PP era todo lo contrario de lo que demandábamos. No nacía del acuerdo con los afectados, sino que lograba concitar la unanimidad de todos los sectores en su contra.ESta norma consiguió el rechazo del sector cutlural. De hecho, en la compensación por copia privada, se optó por lo que entendemos que era la peor de las soluciones: Dar continuidad a la salida provisional a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Semejante decisión, a nuestro juicio, era un disparate, ahora refrendado por los tribunales y que solo puede entenderse desde la falta de respeto del Gobierno Rajoy a la gente de la cultura o por el exceso de respeto a las industrias de las telecomunicaciones, que objetivamente son las que se están lucrando con las copias privadas -legales o no- y deberían ser quienes soportaran el coste de la compensación a la que tienen derecho los creadores. 
Finalmente pedimos desde CHA al Gobierno que reaccione y se proceda a la modificación urgente de la ley, en cuanto estén constituidas las nuevas Cortes Generales, abordar un diálogo con el sector porque está claro que esta norma debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas. Hace falta un nuevo proyecto de ley, nacido del diálogo, no de un pulso con el Ministerio de Industria, sino del diálogo entre los sectores culturales: creadores, consumidores e industrias culturales y esta nueva norma tiene que tener tres bloques fundamentales:
El primer bloque pasa por la máxima transparencia de las sociedades de gestión; el control y la fiscalización por los poderes públicos, pero también por los propios creadores; la defensa del carácter cooperativo de las sociedades de gestión y la función social hacia sus afiliados. 
El segundo bloque consiste en atender la compensación equitativa por copia privada a partir una fórmula consensuada, ni presupuestos del Estado ni canon indiscriminado que repercuta sobre los consumidores. Proponemos que se estudie un tributo sobre las descargas de las grandes compañías tecnológicas. 
El tercer bloque de nuestra proposición no de ley pasa por el reconocimiento de las diversas modalidades de protección y autorización de derechos, partiendo del reconocimiento del procomún, del trabajo colaborativo en red y del impulso del dominio público.


Ir al contenido