CHA cuestiona las “continuas y favorables decisiones” del Gobierno de Castilla y León al proyecto de magnesistas de la Mina de Borobia

CHA cuestiona la decisión tomada por La Junta de Castilla y León que ha aprobado el plan de Magnesitas Sorianas (Magna) para la mina de Borobia durante el presente año. La Secretaria General de CHA: “Aragón siempre sale perjudicado por las incoherencias políticas del PP. Y el caso de esta mina es un ejemplo más”. “Seguiremos reclamando que se atienda a las demandas unánimes aprobadas en el pleno de las Cortes de Aragón y que el Gobierno aragonés siga trabajado para evitar el impacto ambiental que supone esta actividad, tanto ante el Gobierno de Castilla y León como a la propia Confederación Hidrográfica del Ebro”. 
Recordamos que las extracciones siguen condicionadas a los permisos solicitados a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Según publicó ayer Diario de Soria, “la empresa tiene autorización para seguir trabajando en la parte central del yacimiento, al tiempo que otras zonas del mismo permanecen paralizadas y tampoco se puede ahondar más a la espera de lo que decida finalmente el organismo de cuenca”. 
Finalmente recordamos que el pleno de las Cortes, celebrado el 19 de noviembre de 2015,  aprobó una iniciativa de rechazo a la Mina de Borobia. La propuesta presentada por el Portavoz de CHA, Gregorio Briz, fue aceptada por unanimidad, tras admitir varias enmiendas del resto de partidos de las Cortes de Aragón. 
El texto definitivo es el siguiente: «Las Cortes de Aragón acuerdan: 
-Reiterar su rotunda oposición al proyecto de explotación minera de magnesitas a cielo abierto en Borobia (Soria), así como su apoyo a los municipios aragoneses afectados, por su grave afección a los recursos naturales y humanos, y porque tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas para los municipios aragoneses del Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Jalón. 
-Instar al Gobierno de Aragón a que siga manteniendo su oposición a dicho proyecto y a que tome todas las medidas necesarias para su paralización, incrementando su labor de seguimiento y control, en el ámbito de su competencia, a las posibles afecciones medioambientales y económicas que puedan ocasionarse. 
-Instar al Gobierno de Aragón a que se dirija a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que realice un informe sobre los trabajos que se están realizando actualmente en esta explotación, al parecer sin los permisos necesarios, y las consecuencias legales que en su caso suponga dicha situación y realice además cuantas actuaciones sean necesarias para evitar el impacto que produciría esta explotación y para que estime el riesgo de inundación de los pueblos de la ribera del Manubles, por el deficiente cálculo de las balsas mineras y por la impermeabilización del lecho del río favoreciendo la torrencialidad del mismo y no solo para que actúe según sus competencias sino que informe al Gobierno de Aragón para que este pueda tomar las medidas legales a que, en su caso, pudieran corresponder. 
-Instar al Gobierno de Aragón y éste a su vez para que insta al Gobierno central al estudio de la elevación del grado de protección ambiental (tanto de competencia autonómica como estatal) de los cursos fluviales afectados, determinando exactamente la calidad de sus aguas y especies vegetales y animales que existen antes del inicio de la actividad minera (especialmente su caudal ecológico) , para una mejor valoración de posibles afecciones y daños en el río.


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