CHA pide que la DPZ apoye una alternativa federal para la reforma constitucional

El grupo de CHA en la Diputación de Zaragoza solicitará el apoyo del pleno para apoyar una reforma constitucional que, desde el pacto, permita construir una alternativa, en la línea del Manifiesto suscrito por juristas, politólogos e historiadores de toda España este pasado mes de junio, que respete el derecho de los pueblos a ser protagonistas de su futuro. Una alternativa en clave federal que, bajo los principios de la solidaridad entre territorios y personas, posibilite una financiación justa y proporcionada y que afronte la desigualdad social y los conflictos históricos nunca resueltos. “La Constitución española está ya desfasada y hay que renovarla mirando al futuro por eso es el momento para iniciar una segunda transición que refuerce las libertades y los derechos civiles, sociales, laborales y culturales, que regenere en profundidad el sistema democrático y que avance de forma decidida hacia el reconocimiento, no solo retórico, sino real y efectivo, de la realidad plurinacional del Estado. Una alternativa en clave territorial, pero también social, que garantice los servicios públicos del estado del bienestar”, afirma el portavoz de CHA en DPZ. 

CHA considera que es evidente que el modelo territorial de 1978 está agotado a tenor de los acontecimientos vividos en los últimos años. Solo se habla del problema de Cataluña, y en algunas ocasiones de Euskadi; pero Cataluña no es sólo el problema, sino el síntoma de un conflicto mucho más profundo, que afecta al conjunto de la estructura territorial de España. La situación catalana refleja la complejidad y heterogeneidad del Estado de las Autonomías, que nunca llegó a culminarse, y que evidencia su superación en los términos en los que se planteó y desarrolló durante la Transición. 

“La cuestión es que todavía no hemos empezado a construir una alternativa para sustituirlo. Al contrario, hemos retrocedido de forma preocupante. Asistimos a un proceso recentralizador y homogeneizador muy intenso, que coincide con el descrédito de las instituciones democráticas. El problema es del modelo territorial en su conjunto, en el que conviven formas federales o casi federales con un fondo profundamente centralista”, concluye Bizén Fuster. 

Formalmente, las Comunidades Autónomas, al menos en algunos aspectos institucionales o competenciales, gozan de un nivel de autonomía política homologable a algunos Estados federales. Y eso a pesar de la complicidad recurrente del Tribunal Constitucional con las tesis más centralistas. Pero, desde el punto de vista de la financiación, el centralismo es tanto de forma como de fondo. Y es evidente que no hay autogobierno político real sin verdadera autonomía financiera.




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