01 Feb CHA propone que Sobrarbe rechace la política “colonialista” con los territorios productores de energía hidroeléctrica que el Partido Popular quiere perpetuar

El Consejo Comarcal de Sobrarbe del próximo día 5 de febrero debatirá y votará una moción del Grupo de CHA en relación con los saltos eléctricos. 

José Ramón Ceresuela, portavoz de CHA en la Comarca de Sobrarbe, denuncia la iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), de sacar a subasta todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, “una decisión que perjudica gravemente a comarcas como la de Sobrarbe puesto que se cierra las puertas a la gestión pública y lo que es más grave no reconoce las necesarias y justas compensaciones a unos municipios que han soportado la servidumbre del uso de su territorio y sus recursos durante décadas, colonialismo económico en estado puro que el Gobierno de España quiere perpetuar”. 

Los primeros saltos en revertir al sector privado, actualmente gestionados por la CHE, serán el de Barrosa con 3,6 MW y la de Auxiliar de Campo con 1,6 MW, ambos hasta el verano en manos de Acciona, ya que en sus respectivas resoluciones de extinción el MAPAMA obliga a la CHE a organizar sendos concursos y sólo le permite gestionarlos mientras organiza las licitaciones y falla su adjudicación a una empresa privada. Lo mismo ha ocurrido con el gran aprovechamiento hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta, de 40 MW de potencia y producción anual valorada en 4 millones de euros, donde Endesa, por fin, con prácticamente once años de retraso y una pérdida para las arcas públicas de unos 40 millones de euros, recibió la resolución de extinción en diciembre, y la CHE tiene seis meses para promover un concurso público y devolver el mismo a manos privadas; el Estado sólo podrá gestionarlo durante un plazo máximo de dos años, en virtud de una autorización especial otorgada por el Ministerio para resolver el concurso de adjudicación. En este caso Endesa llegó a solicitar una prórroga en la concesión hasta 2061 como compensación “en especie” por las imposibilidad de explotar el salto previsto en el embalse de Jánovas. 

Para más “inri” al pasar las centrales aunque sea temporalmente a manos del Estado los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en sus arcas, concretamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo. Hablamos de unos 80.000 euros solo en los cuatro saltos cuya concesión ha caducado hasta el momento, mermando las arcas de los ayuntamientos de Bielsa, Tella-Sin, Plan y El Pueyo de Jaca, por lo que es necesario que el Estado abone el IAE cuando le son revertidas, tipo impositivo aplicable que es necesario actualizar porque el IAE en estas actividades no ha sido modificado desde 1990. 

La moción de CHA tiene los siguientes cuatro puntos: 

1.- Manifestar nuestro rechazo a que las centrales hidroeléctricas cuya concesión ha caducado sigan gestionadas por iniciativa privada tras ser sacadas a subasta, incumpliendo la legislación vigente en materia de aguas, al impedir la utilización de los recursos derivados de la explotación directa y por tanto una merma de recursos evidente para el desarrollo socioeconómico de las zonas afectadas por estas infraestructuras. 

2.- Solicitar al Gobierno de España que los municipios y comarcas con saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de los mismos una vez haya caducado la concesión, participando en la futura gestión o recibiendo parte de los rendimientos de la nueva explotación. 

3.-Solicitar al Gobierno de España limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal.  

4.-Solicitar al Gobierno de España que modifique la normativa del IAE para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados, exigiendo medidas alternativas para compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo actualmente los ayuntamientos afectados.