03 May CHA reclama a Azcón que rectifique y atienda las razonables conclusiones del informe de la ONU en el que se incluye una valoración de la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón
José Luis Soro, Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón: “Es una cuestión de justicia, respeto y dignidad con las víctimas y con quienes sufrieron las represalias por la dictadura franquista. No debemos olvidar nunca a todas las familias que todavía siguen esperando encontrar los restos de sus familiares asesinados en las cunetas”
CHA considera que el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la derogación de las distintas leyes de memoria democrática en todo el Estado, a impulso de los gobiernos de PP-VOX, es lo suficientemente claro, preciso y contundente como para que Azcón rectifique urgentemente en su errónea decisión.
En este informe, se hace referencia explícita a Aragón y en él se relata el proceso por el cual se deroga la ley en vigor en esta materia. Se indica como se suprimió la estructura orgánica específica de memoria democrática en la Administración, basada en dicha ley, así como la propia Comisión Técnica de Memoria Democrática de Aragón.
José Luis Soro, Portavoz de CHA: “Invisibilizar toda la represión franquista, abandonar los proyectos de recuperación de la memoria de tantas asociaciones y colectivos, cerrar las puertas de la Administración pública aragonesa a las demandas de las miles de familias que todavía buscan a quienes, más de ochenta años después, siguen en las cunetas, es una muestra de cómo entienden PP – VOX la concordia de la que tanto alardean”.
CHA recuerda que el Presidente Azcón se equivocó al derogar la ley aragonesa, cometió una falta de respeto intolerable con las víctimas del régimen dictatorial al anunciar públicamente su propuesta para finiquitarla definitivamente un 20 de noviembre y volvió a cometer un tercer error al pensar que esta derogación no tendría repercusiones en instituciones internacionales.
Finalmente, CHA recuerda y comparte todo lo estipulado en el Manifiesto de profesores del área de Historia Contemporánea (Departamento de Historia) de la Universidad de Zaragoza, donde, entre otras cuestiones, se indicaba: “los poderes públicos deben garantizar el reconocimiento a todas las víctimas independientemente de su significación política, dejando de lado cualquier posicionamiento o perspectiva ideológica. Hacer frente a un pasado incómodo con rigor refuerza la democracia de un país. En ese sentido, los beneficios de esta ley redundan en favor del avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica del conjunto de la sociedad aragonesa actual”.