CHA reclama al Gobierno de España que rectifique la nueva normativa, recientemente aprobada, que exime del procedimiento evaluación ambiental a determinados proyectos de energías renovables

Joaquín Palacín, presidente de CHA: “Dejar sin este control preventivo va en contra de la necesaria planificación y ordenación de los recursos energéticos, de la preservación del paisaje, generará un impacto negativo sobre el territorio y sobre el resto de actividades económicas del medio rural aragonés”

El pasado 29 de marzo de 2022, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 6/2022 por el que se adoptan “Medidas urgentes en el marco del Plan de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania”.

“Bajo este paraguas, el Gobierno de España ha incluido aberrantes modificaciones legislativas que tendrán afecciones negativas, muy graves, para el territorio, dado que se suprimen algunos de los necesarios procesos de evaluación ambiental aplicables a determinados proyectos de energías renovables”, explica el presidente de CHA, Joaquín Palacín.

En este sentido, se han eliminado factores esenciales de este mecanismo de protección ambiental para las grandes plantas fotovoltaicas de hasta 150MW (cuya extensión sería de 300 hectáreas) y los parques eólicos, de hasta 75MW, con instalaciones de unos 12 aerogeneradores de 200 metros de altura cada uno.

Palacín resume alguna de los problemas que causará esta normativa:
– Se elimina la fase de información pública y consultas, poniendo un obstáculo insalvable a la participación ciudadana afectada por los proyectos de energía renovable en su territorio.
– Se verán afectados, de manera sustancial, los espacios de la Red Natura 2000, ya que estos proyectos no deberán contar con el necesario, hasta la fecha, estudio de afecciones. De hecho, solo se pone un límite: no ubicarse en el interior de estos espacios protegidos, lo que, evidentemente no suprime la ausencia de impactos de instalaciones próximas en el entorno de zonas protegidas.
– Establece una doble vara de medir, según sea proyectos tramitados desde el Estado o por Comunidades Autónomas.
– Consideramos que además, podrían verse alterados principios básicos de la evaluación ambiental, amparados en Directivas europeas, con la inseguridad jurídica que supondría para estos proyectos.

Joaquín Palacín considera que, con esta nueva norma, se ve alterada la esencia de estos procesos ambientales, que resultan básicos para actuar de manera preventiva, atenuante o compensatoria de los efectos negativos en el territorio de todo este tipo de grandes instalaciones energéticas.

CHA apoya la transición hacia las energías renovables pero considera que es necesaria una evaluación de impacto territorial conjunta y eficaz, permitiendo complementar la visión económica y la visión ambiental. Es necesaria, además, una planificación estratégica que añada la perspectiva socioeconómica y paisajística a la actual evaluación ambiental.

“Dado que la nueva política del Gobierno de España va en contra los principios de protección ambiental, que no hay garantías para adoptar medidas políticas ante proyectos con potencial impacto sobre la estructura económica, social y ambiental del espacio afectado, solicitamos al Gobierno de España una rectificación inmediata ante esta errónea decisión política emprendida”, solicita el Presidente de CHA.

“Además reclamamos que el MITECO ponga a disposición un visor cartográfico oficial abierto a la libre consulta ciudadana, donde se puedan consultar los proyectos de tramitación estatal, para disponer de esa información y poder contrastarla con los proyectos de tramitación autonómica, facilitando así el análisis global del impacto ambiental y territorial, ya que muchos proyectos son colindantes entre ellos y debería analizarse su impacto de forma conjunta”, concluye Palacín. Baste recordar que el propio gobierno de España reconoció, el pasado 18 de marzo de 2022, en respuesta a pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, presentada a propuesta de Chunta Aragonesista, que “no existe una planificación al detalle acerca de qué proyectos se llevan a cabo y dónde”.

“La actual avalancha de proyectos de instalación de centrales de energía renovable repite, lamentablemente, el modelo extractivista y depredador del territorio llevado a cabo por la política de los grandes pantanos ubicados en Aragón, especialmente en el Pirineo. El modelo de CHA pasa por contar con la opinión de las gentes del lugar afectado por estas instalaciones. Consideramos que el territorio debe ser protagonista y no un mero rehén de intereses económicos especulativos”, concluye Palacín.

Finalmente, indicamos que CHA defenderá una planificación adecuada para la instalación de centrales eólicas y fotovoltaicas en nuestro medio rural, teniendo en cuenta los impactos ambientales, paisajísticos, sociales y territoriales que estas instalaciones generan para que no se produzca una instalación masiva y sobredimensionada de estas centrales energéticas en Aragón, priorizando modelos de comunidades energéticas locales y autoconsumo que democraticen el mercado energético, para que no se vuelva a depender de oligopolios que controlan el precio de la energía pensando solamente en sus intereses económicos.



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