16 Jun CHA registra en el ayuntamiento de Alhama de Aragón el informe que el alcalde no ha dejado leer en el pleno
Posted at 17:27h
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Rosa María López Recalde, portavoz adjunta de CHA en el Ayuntamiento de Alhama de Aragón ha presentado esta mañana en el registro del consistorio de Alhama, el informe jurídico sobre la decisión del alcalde del municipio para que sea el Ayuntamiento el que costee el recurso de casación al Tribunal Supremo cuando debería ser interpuesto por el propio alcalde, a título personal.
El alcalde, José María Castejón, puso una denuncia a su antecesor, Joaquín Antón Duce, y a la ex-secretaria Doña Rosario Arguedas por unos delitos de prevaricación y falsedad en documento público. La Audiencia Provincial de Zaragoza, no solo absolvió a los dos acusados, sino que le impuso a Castejón pagar las costas del proceso a título personal al advertir, “un deliberado propósito de ocultar la realidad de los hechos”, tal y como afirma la sentencia.
“Alhama lleva gastados unos 100.000 euros de dinero público en los caprichos judiciales del alcalde y, ahora, a pesar de que una sentencia dice claramente que su última incursión en los tribunales ha sido por decisión personal y no como representante del Ayuntamiento, vuelve a la carga y pretende embarcar al consistorio en otra costosísima aventura judicial a costa de los bolsillos de todos los alhameños”, afirma Rosa López Recalde, portavoz adjunta de CHA en el Ayuntamiento de Alhama de Aragón.
Esta mañana, la portavoz adjunta de CHA, ha intentado informar en el pleno de la existencia de dos claros incumplimientos legales, cada uno de diferentes consecuencias jurídicas. Así, en primer término se incumplen normas básicas de derecho procesal, que conllevarían incluso la inadmisión por falta de legitimación activa de cualquier acción que se ejerciera en virtud de dicho Decreto respecto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza número 164/2016. Y, en segundo orden, y mucho más grave, se adoptan decisiones relacionadas con el destino de fondos públicos y contratación de servicios profesionales abonados con los mismos que obviamente por no ser conformes a la legalidad en esta materia, podrían sin ninguna duda generar responsabilidad, incluso penal, en quienes adoptaran tal decisión o la ratificarán.
“El alcalde no solo no me ha dejado hablar en el pleno, conculcando mis derechos como representante pública, sino que al convocar el pleno a las nueve y cinco de la mañana, está dificultando la presencia de los vecinos”, concluye la concejala de CHA.
El decreto del alcalde ha sido aprobado con los votos favorables del PAR y del PSOE.