El orden del día del pleno del próximo jueves, 23 de mayo, incluye una iniciativa de CHA para constituir la “Agencia de Integridad y Ética Públicas en Aragón”

José Luis Soro, Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón: “Es necesario que el Gobierno adopte las políticas necesarias que permitan la puesta en marcha de este ente público como garantía, coordinación e impulso de la integridad y la ética públicas en Aragón”

El orden del día del pleno de las Cortes de Aragón a celebrar el próximo jueves, 23 de junio de 2024, ha incluido, para su debate y votación, una proposición no de ley de CHA en la que se reclama al Gobierno de Aragón que adopte las decisiones políticas adecuadas para constituir la Agencia de Integridad y Ética Públicas de Aragón

Concretamente, la parte dispositiva de la iniciativa de CHA es la siguiente:

“Las Cortes de Aragón reconocen la necesidad de avanzar en la promoción, impulso y garantía de la integridad y la ética públicas en el sector público de Aragón, y, para ello, se comprometen a estudiar e impulsar a la mayor brevedad, mediante los cauces previstos en su Reglamento, las actuaciones necesarias a fin de constituir la Agencia de Integridad y Ética Públicas creada por la Ley 5/2017, de 1 de junio, introduciendo en la misma, en su caso, las modificaciones que fueran pertinentes para favorecer su puesta en funcionamiento, o, en su caso, impulsar las reformas necesarias en la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, y en la Ley 11/2009 de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, a fin de que estas instituciones estatutarias pudieran asumir y ejercer las funciones actualmente atribuidas a la mencionada Agencia”.

José Luis Soro, Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón: “Creada por ley, hace casi siete años, todavía no se ha constituido como tal esta Agencia. Esta propuesta parlamentaria reclama al Gobierno de Aragón las reformas legales pertinentes para hacerlo y, de este modo, dar un paso más en la promoción, impulso y garantía de la integridad y la ética públicas en Aragón, precisamente en unos momentos como los que estamos viviendo en este periodo político reciente”.

Recordamos que fue la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, la que creó la Agencia de Integridad y Ética Públicas como ente público dependiente directamente de las Cortes de Aragón, indicando que debía asumir las competencias establecidas en la citada Ley para la garantía, coordinación e impulso de la integridad y la ética públicas.

Además de promover los valores, las condiciones y las buenas prácticas que integran una democracia efectiva, o estudiar, promover e impulsar cuantas medidas favorezcan la integridad y la ética públicas, la Agencia tendría como funciones, entre otras, la de actuar contra el fraude, la corrupción, el clientelismo y cualquier otra actuación que, en perjuicio de los intereses generales, infrinja los códigos de conducta y de buen gobierno, así como la de investigar o inspeccionar posibles casos de uso o destino irregulares de fondos públicos, así como conductas opuestas a la probidad que comporten conflicto de intereses o el uso en beneficio propio de informaciones derivadas de sus funciones públicas.

Finalmente, desde CHA consideramos que, en todo caso, es urgente desatascar la situación, tomando cuanto antes las decisiones políticas y parlamentarias necesarias para que las funciones legalmente atribuidas a la Agencia de Integridad y Ética Públicas se cumplan de forma efectiva, bien por ese ente público, realizando, en su caso, las modificaciones necesarias en su Ley reguladora para hacer posible su puesta en funcionamiento, o bien por el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas, introduciendo en sus respectivas Leyes las modificación que fueran procedentes.



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