12 Feb El PP vuelve a inflar la burbuja inmobiliaria
Sonia Alastruey, Secretaría de Vivienda y Agenda Urbana de Chunta Aragonesista
Las recientes medidas anunciadas por el gobierno del Partido Popular en Aragón, en materia de vivienda, ya no plantean dudas sobre si estamos repitiendo los errores que llevaron al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
Aquel colapso dejó un legado de desahucios masivos, urbanizaciones vacías y familias atrapadas en deudas. Fue un momento crítico que evidenció las consecuencias de políticas que priorizaban la especulación y la construcción descontrolada.
Ahora, con el ejemplo de iniciativas como las impulsadas, recientemente, en Fraga es inevitable cuestionar las políticas de vivienda de este Gobierno.
El consejero responsable presentó un proyecto para construir 50 viviendas en régimen de alquiler asequible con opción a compra, gestionadas por Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) en la capital del Bajo Cinca.
Es precisamente esta opción, la que permite adquirir estas viviendas tras diez años de alquiler, la que nos plantea una seria preocupación: la pérdida definitiva de patrimonio público. Este modelo implica que viviendas destinadas al parque público pasarán a manos privadas, debilitando aún más un recurso ya de por sí insuficiente.
Además, la participación del sector privado en la gestión del suelo y la construcción de estas viviendas ahonda más en el problema. Se está pensando desde el Gobierno de Aragón , sobre todo, en beneficiar promotores y grandes empresas más que a la ciudadanía. En este caso, no existen mecanismos claros para garantizar unos precios justos o evitar la especulación inmobiliaria. Esto deja la puerta abierta, de par en par, a que las dinámicas de mercado sigan dificultando el acceso a la vivienda.
La burbuja de 2008 mostró las consecuencias de políticas basadas en la construcción masiva y la liberalización del suelo, sin regulación suficiente. En aquel entonces, el mercado colapsó tras años de especulación, dejando un impacto devastador en la economía y en millones de familias.
Las iniciativas del PP , con Fraga como ejemplo, parecen seguir esa misma línea, priorizando la construcción sobre la planificación estratégica y la sostenibilidad a largo plazo.
¿Se busca realmente garantizar el acceso a la vivienda o simplemente reactivar el mercado inmobiliario? Esta pregunta resulta inevitable cuando se analiza cómo estas medidas afectan al parque público y a las familias más vulnerables.
En lugar de soluciones temporales que terminan favoreciendo al sector privado, lo que se necesita es una apuesta clara por reforzar un parque aragonés de vivienda pública, con las políticas de rehabilitación necesarias y el apoyo decidido a un alquiler asequible.
El caso de Fraga no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de este Gobierno más amplia que prioriza la venta de patrimonio público y sacrifica las soluciones a largo plazo.
Estas políticas son una concesión al mercado inmobiliario que resta posibilidades estratégicas al Gobierno de Aragón para defender la vivienda como derecho constitucional.
Con un mercado de alquiler cada vez más inaccesible y un déficit de viviendas asequibles, las políticas habitacionales deben enfocarse en proteger el derecho a una vivienda digna.
La historia nos ha enseñado las consecuencias de inflar el mercado inmobiliario: precios inalcanzables, exclusión social y una economía vulnerable. Repetir esos errores sería un fracaso político y social. La vivienda no puede seguir tratándose como un simple bien de mercado, sino como un derecho fundamental.
Las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto duradero en generaciones futuras. Es momento de actuar con responsabilidad y de evitar que los errores del pasado vuelvan a convertirse en las tragedias del futuro.