13 Oct El recurso del PP contra la Ley de Derechos Históricos perjudica y debilita políticamente los intereses de Aragón ante una futura reforma territorial del Estado y los cambios del actual sistema de financiación

CHA lamenta que el PP vuelva a demostrar con sus decisiones políticas que ni cree, ni quiere, ni apuesta por un futuro mejor para Aragón. La decisión de llevar al Tribunal Constitucional la ley de derechos Históricos de Aragón es el último ejemplo de su actitud política contrario a los intereses de Aragón. 

“Queremos que lejos de limitar las posibilidades de este ley , que es lo que pretende el PP con este recurso, se aprovechen todos los mecanismos que se contemplan en la denominada “Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón”. Consideramos que es especialmente necesario hacerlo en el actual contexto de debate abierto sobre la posible reforma territorial, así como en lo referido en esta norma sobre los mecanismos de mejora del actual sistema de financiación. Fundalmentalmente en lo que respecta a las posibilidades del Acuerdo Bilateral Económico – Financiero con el Estado, pero también a lo relativo al patrimonio político e histórico de Aragón, dado que continúa pendiente, entre otras cuestiones, la devolución de los bienes aragoneses emigrados y/o expoliado, aspectos que también se tratan en esta norma”, afirma Gregorio Briz, Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón. “Y es que lejos de avanzar hacia un modelo federal , que se adecua mejor a la realidad territorial del Estado, se empeña el PP en volver a sistemas obsoletos, ignorando el Estatuto de Autonomía de Aragón, e incluso la propia Constitución que tanto dicen defender”, concluye Briz. 

Recordamos que el pasado 28 de junio de 2018 las Cortes de Aragón aprobaron, a iniciativa de CHA, la ley de actualización de los Derechos Históricos de Aragón, en desarrollo de la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982, actual disposición adicional tercera, como nacionalidad histórica reconocida que es y con más de doce siglos de historia. Una ley que estaba pendiente de aprobar para dar cumplimiento al mandato estatutario y que trata sobre posibilidad de disponer de recursos económicos suficientes –autonomía financiera-, y del poder político necesario –autogobierno-, para afrontar la mejora de las condiciones de vida de las aragonesas y los aragoneses – Estado del Bienestar-, así como blindar por la ley sus derechos sociales. Esta actualización, a juicio de CHA, impulsará y desarrollará los principios propios del Estado social y democrático de derecho, así como el cumplimiento de los derechos y libertades de los aragoneses y se llevará a cabo atendiendo a la realidad social, cultural, económica y política del momento actual. 

CHA considera que desde el punto de vista de la financiación, el centralismo actual es tanto de forma como de fondo. Y es evidente que no hay autogobierno político real sin verdadera autonomía financiera. Eso lo saben muy bien los partidos centralistas, los nuevos y los de siempre, que quieren reducir el autogobierno a una mera descentralización administrativa. El principal déficit de la actual estructura territorial del Estado es la financiación. Un problema que afecta no solo al modelo de convivencia entre territorios, sino, especialmente, a la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía, a la cohesión social o a la igualdad de oportunidades y es que cada centímetro que retrocedemos en el autogobierno político y la autonomía financiera, retrocedemos un metro en el estado del bienestar, del que somos garantes las Comunidades Autónomas: educación, sanidad, servicios sociales, vivienda…”.