Iniciativa de CHA en las Cortes para reformar el actual “Mapa Sanitario de Aragón”

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Mañana viernes, día 17 de junio de 2016, la Portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Carmen Martínez Romances, va a defender sendas enmiendas presentadas a una Proposición no de ley incluida en el orden del día a propuesta del grupo parlamentario de C´s. 
Las citadas iniciativas de CHA proponen: 
-Por un lado una propuesta global para que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a hacer una revisión profunda, y por tanto a modificar, el actual Mapa Sanitario de Aragón, con objeto de que éste se adecúe a las necesidades demográficas actuales. 
-Y por otro una propuesta concreta para que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a corregir de manera urgente las carencias sanitarias del Consultorio de Cuarte de Huerva, instando para ello la colaboración del ayuntamiento de la localidad, con el fin de poder contar con los espacios suficientes para la prestación de la atención sanitaria, hasta que se construya el nuevo centro de salud. 
Carmen Martínez Romances, Portavoz de CHA, indica que “se trata de ir cumpliendo nuestras propuestas en materia de Sanidad, por un lado, “aprovechar adecuadamente todas las posibilidades que ofrecen los actuales equipamientos e infraestructuras del Servicio Aragonés de Salud, así como realizar las mejoras precisas cuando sea necesario para responder a las necesidades existentes y futuras con una prestación sanitaria pública y de calidad y por otro “planificar y poner en marcha los centros de salud y de atención especializada necesarios en las nueva zonas de expansión urbanísticas, con el fin de garantizar una prestación de calidad y accesible”. 
El objetivo final de CHA es establecer un sistema sanitario aragonés adecuado a nuestro país, de cobertura universal, sin exclusiones, que garantice una prestación de calidad y accesible, definido por las características de nuestra población y nuestra singularidad territorial, que cuente con una financiación suficiente, establecida como porcentaje sobre el PIB según los estándares medios de los países de la eurozona, blindando por ley el porcentaje mínimo establecido.