20 Ene Jorge Pueyo anuncia en Barbastro que velará por el cumplimiento de las ayudas aprobadas a olivareros y viticultores de 370 millones

El diputado aragonesista se ha reafirmado en su compromiso con aprobar unos PGE que respondan a las reivindicaciones de Aragón: «Estamos en el momento decisivo de la legislatura». Ha repasado su trabajo parlamentario, centrado en autovías, ferrocarril, reto demográfico, financiación, sanidad rural, conquistas sociales… y ha terminado felicitándose por la paralización de la línea de alta tensión Valsalada-Isona.

Jorge Pueyo, diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, ha comparecido en la Plaza del Mercado de Barbastro ante los medios de comunicación para valorar la situación política actual, así como para dar cuenta del trabajo realizado por Aragón (y especialmente por el Altoaragón) en el Congreso de los Diputados. A modo de primicia, ha destacado la enmienda aprobada recientemente a la Ley de desperdicios alimentarios que obliga al Gobierno a otorgar una ayuda rápida, directa y excepcional de 285 millones a las explotaciones agrarias en el sector del olivar y de 85 millones a las del viñedo, en compensación por la disminución de ingresos percibidos por la guerra de Ucrania y el impacto de la sequía. Y que deben ejecutarse en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley, prevista para abril. «Los votos del Grupo Plurinacional Sumar y de CHA han sido imprescindibles para aprobar esta enmienda, imprescindible para el Somontano y para Aragón, a la que el PSOE votó en contra. Por eso, estaremos alerta para garantizar su cumplimiento», ha declarado Pueyo.

El diputado comenzó su intervención expresando su «solidaridad con los heridos y las familias de los afectados por el desplome del telesilla en la Estación de Astún, deseándoles una pronta recuperación y que termine pronto la investigación para conocer qué ha sucedido. En el futuro hablaremos de responsabilidades y del abandono de la sanidad rural de todo Aragón».

A continuación, Pueyo valoró el momento político: «Estamos en el momento decisivo de la legislatura. Llevamos año y medio; y de lo que ocurra en los próximos tres meses va a depender si completamos una legislatura de conquista de derechos y de avances sociales o si se frustran las expectativas del 23J. Estamos en el momento decisivo. Nuestro compromiso es claro, solo nos debemos al Pueblo Aragonés y en mejorar sus condiciones de vida castigadas por el abandono de Madrid, y también mejorar en lo que podamos la vida del conjunto de personas del Estado. Por eso, estamos presionando para que haya Presupuestos Generales del Estado cuanto antes; y para que se incluyan las inversiones que Aragón lleva reclamando desde hace décadas». En su detallada intervención ha enumerado: completar las autovías pendientes (A-21, A-23 y en especial el tramo Huesca-Siétamo de la A-22 que, por fin, si se cumplen esta vez los plazos, estará acabada el próximo mes de mayo); el último tramo de la N-260 Balupor-Fiscal (que espera que haya en 2025 máquinas trabajando en 2025 después de un largo abandono); mejorar el ferrocarril, reabrir el Canfranc y ampliar el Cercanías más allá de Zaragoza, y el primer paso debe ser hasta Huesca; desarrollar políticas para responder al reto demográfico (con el objetivo de los servicios básicos en 30 minutos), defender un nuevo sistema de financiación justo que atienda a la singularidad financiera recogida en nuestro Estatuto.

Por otra parte, se ha felicitado por la paralización de la línea de alta tensión Valsalada-Laluenga-Isona: «Fue la segunda proposición no de ley que registré en el Congreso (y mi primera manifestación con 3 años) y, a pesar de la posición favorable del Ministerio y del Gobierno de Aragón, finalmente va a ser desestimada. Debemos felicitarnos por ello, pero no podemos bajar la guardia. Esta interconexión entre Aragón y Cataluña la han intentado varias veces, hemos logrado paralizarlas hasta ahora, pero no descartemos que puedan seguir intentándolo, con nuevos proyectos».

También ha recordado la proposición que ha presentado para mejorar la atención primaria sanitaria en el medio rural, recogiendo las denuncias del Movimiento de Acción Rural de Cuencas Mineras, en la que se reclaman «medidas presupuestarias, de mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios en el medio rural, pero también administrativas para ampliar el número de profesionales y corregir el déficit asistencial que padecen los usuarios de la sanidad pública en el medio rural. Esta iniciativa se debatirá en la Comisión de Sanidad en este periodo de sesiones».

Finalmente, ha repasado las medidas en las que está trabajando para continuar ganando derechos, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción salarial, la nueva subida del salario mínimo interprofesional o las propuestas para garantizar la vivienda como derecho y no como negocio especulativo.