11 Mar Jorge Pueyo defiende la libertad de producción y creación literaria y artística

El portavoz de Cultura del Grupo Plurinacional Sumar emplaza a la Comisión de Cultura del Congreso a rechazar toda censura institucional e injerencia política

Entre los numerosos ejemplos de censura por razones políticas sectarias, recuerda la clausura del Festival Periferias de Huesca o la retirada de subvención a la Fundación José Antonio Labordeta.

El diputado de CHA Jorge Pueyo, portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en la Comisión de Cultura, ha promovido una proposición no de ley que se debatirá en la próxima sesión de dicha Comisión con el objetivo de rechazar la censura y defender la libertad de producción y creación literaria y artística. De esta forma se responde al «resurgimiento de numerosos casos de censura contra artistas y creadores desde una variedad de administraciones locales y autonómicas coincidiendo con la llegada de la ultraderecha a dichos gobiernos. A la censura se suman además prácticas de injerencia política, con numerosos ceses en la dirección de centros e instituciones culturales por motivos políticos sin respetar los contratos ni la estabilidad de los proyectos en desarrollo, así como nombramientos sin concurso público y sin transparencia», se denuncia en la exposición de motivos.

«La política cultural tiene un papel primordial para la salud de nuestra democracia», afirma el diputado aragonés antes de repasar los principales casos de censura sufridos en los últimos meses: desde obras de teatro canceladas por razones ideológicas (Orlando de Virginia Woolf) hasta películas infantiles censuradas (Lightyear de Disney), pasando por nombres fundamentales de nuestra literatura borrados de bibliotecas (Almudena Grandes) o de premios internacionales (Miguel Hernández).

El representante de CHA en el Grupo Sumar destaca especialmente casos de censura por razones políticas sectarias ocurridos en Aragón, como la retirada de la subvención del Ayuntamiento de Zaragoza a la Fundación José Antonio Labordeta, a pesar de tratarse de una institución familiar y cultural de carácter apartidista, o la clausura del Festival Periferias por parte del Ayuntamiento de Huesca, a pesar del éxito de sus 23 ediciones y de haberse convertido en referencia de la cultura de vanguardia en España. «Son ejemplos de censura previa e injerencia política, en los que se pretende imponer el pensamiento único, demonizando los valores de igualdad y del respeto al diferente y trasladando el odio al feminismo, a la diversidad afectivo-sexual, a la diversidad étnico-cultural, en suma, el odio a los valores de una sociedad moderna europea del siglo XXI», afirma Pueyo.

El texto de la iniciativa es el siguiente: «El Congreso de los Diputados, en su compromiso con los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Española, defiende la libertad de producción y creación literaria y artística frente a toda censura institucional e injerencia política. Asimismo, se insta al Gobierno a promover las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la libertad de producción y creación literaria y artística, respetando la diversidad de las expresiones culturales e impulsando medidas para garantizar las buenas prácticas en la gestión cultural pública, y la promoción de las condiciones materiales que contribuyan a la sostenibilidad y dignidad del trabajo cultural; todo ello en coordinación con las Comunidades Autónomas y entidades locales competentes en la materia.»

Esta proposición no de ley se ampara en el artículo 20 de la Constitución que recoge la libertad de producción y creación literaria y artística entre los derechos y libertades fundamentales y, por tanto, con el mismo nivel de protección. «Garantizar y proteger dicha libertad es un deber de los poderes públicos y un compromiso ineludible con la democracia frente a la tendencia iliberal que pretende una retrocesión generalizada de los derechos humanos», señala el Grupo Plurinacional Sumar. «La censura es por tanto un problema que no atañe únicamente a las personas trabajadoras de la cultura, sino a la sociedad en su conjunto. El sector cultural es un sector estratégico de país, y la cultura es un derecho esencial de todas y todos. Por ello, la política cultural es una política social de Estado, y una política útil en pro de los derechos humanos y de sociedades justas, libres e igualitarias».

Asimismo, se recuerda que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 consagró los derechos culturales: el «derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten» y el «derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora».

A través de esta iniciativa, el Grupo Plurinacional Sumar denuncia que «las prácticas censoras aprovechan la vulnerabilidad de diversos sectores culturales, tanto del lado de la creación y producción como de la programación y gestión cultural pública, instaurando un clima de intimidación cuyo objetivo, como primer paso de una agenda de transformación social, es la autocensura. Y, sin embargo, muchas personas trabajadoras de la cultura, incluso con su trabajo en riesgo, siguen denunciando estas prácticas y reivindicando la libertad y la democracia. Ante ello, los representantes de la ciudadanía no podemos dejarlas solas». De ahí el compromiso de todo Gobierno y toda institución cultural de «trabajar para proteger y garantizar los derechos culturales, situando en el centro la libertad de creación y producción y, con ello, el respeto a la diversidad de las expresiones culturales, el acceso igualitario y con criterios de vertebración territorial a los bienes y servicios y a la participación en la vida cultural, las buenas prácticas en la gestión cultural pública, y la promoción de condiciones materiales que propicien la sostenibilidad y dignidad del trabajo cultural».