Responde así a la demagogia irresponsable de Azcón que desoye la sentencia del Supremo e insiste en volver a impulsar el proyecto anulado, amenazando de nuevo el modelo de desarrollo sostenible a partir del turismo rural y del turismo activo que han sabido construir los habitantes de esta comarca

También ha acusado al PP aragonés de engañar a los regantes prometiendo embalses que en realidad servirán para atender la necesidad ingente de agua de los centros de datos que están proliferando en Aragón

Jorge Pueyo, diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación de Huesca, en la Plaza de Cervantes, acompañado de la alcaldesa de Biscarrués, Lola Giménez, para presentar una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la que insta al Gobierno español a desestimar de forma oficial la construcción del embalse de Biscarrués. Y lo hace en defensa de las gentes de la Galliguera y por respeto a las directivas europeas en materia de agua y a las sentencias judiciales, frente a las propuestas demagógicas del Gobierno de Aragón PP-Vox.

A pesar de que el Tribunal Supremo confirmó en mayo de 2020 la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba nula la Declaración de Impacto Ambiental y el anteproyecto del embalse de Biscarrués, sentando una importante jurisprudencia sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua en España, el Presidente del Gobierno de Aragón Jorge Azcón en los últimos meses ha reclamado que se vuelvan a iniciar los trámites para aprobar el embalse de Biscarrués, llegando a pedirle al Ministerio para la Transición Ecológica literalmente «que vuelva a sacar la declaración de impacto ambiental del cajón porque es una obra extraordinariamente importante». Precisamente para dar respuesta a la insistencia del presidente aragonés, el diputado Jorge Pueyo ha registrado esta iniciativa: «No podemos permitir que resurja la amenaza del embalse para la gente de la Galliguera, solo porque Azcón, en un ejercicio de demagogia irresponsable, quiera regalar los oídos de los regantes. No puede desoír las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, no puede amenazar de nuevo a los habitantes de una comarca que, en las últimas décadas, a pesar del hándicap de la espada de Damocles del embalse, ha sabido construir un modelo de desarrollo sostenible a partir del turismo rural y del turismo activo aprovechando las aguas del río Gállego».

Finalmente, Jorge Pueyo ha acusado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, de engañar a los regantes: «Necesita recuperar el discurso pantanista más agresivo porque necesita agua para atender las necesidades de los grandes centros de datos que están proliferando y que van a proliferar aún más en Aragón. Azcón promete agua a los regantes, pero la realidad es que necesita ingentes cantidades de agua para refrigerar los centros de datos. Sin ir más lejos, los centros de datos que están estableciéndose en Aragón pueden consumir al menos 15.000.000 litros al día, tanta agua como la ciudad de Huesca. No olvidemos ese dato. Por eso, podemos decir que el PP aragonés está engañando a los regantes, los está utilizando para atender las necesidades de otros intereses que no son los agrarios. Esa es la verdad. Azcón es consciente de que no le salen las cuentas, que se ha pillado los dedos. Y por eso ahora pretende recuperar proyectos de embalses anulados en los tribunales y que supondría inundar municipios como Biscarrués, Murillo de Gállego, Santa Eulalia, Erés, etc. Sabe que son proyectos imposibles, embalses zombis, que el Gobierno español no podrá atender, porque son ilegales, anulados por la Justicia. Pero esa es la excusa que busca el PP, promete lo imposible y así, si no sale adelante, podrá echar la culpa al Gobierno español. Culpar al de enfrente de los errores propios. ¿Os suena? Pues eso».

Por su parte, la alcaldesa de Biscarrués, Lola Giménez, de Chunta Aragonesista (CHA), ha señalado la irresponsabilidad del PP: «En plena vorágine política, el partido en el Gobierno de Aragón ha vuelto a pedir, como lo hacía en la oposición, los pantanos de Biscarrués, Santaliestra y ya veremos qué pasa con el de Jánovas y si vuelven a por Comunet, Campo, Susía, y al gigante de Yesa. Puestos a pedir, ya se ha pedido “agua para todos” en Murcia y, una vez más, el trasvase del Ebro. Al parecer, ciertas decisiones judiciales, las que no les gustan, son solo orientativas a efectos políticos. Como otras veces no es fácil saber si se trata de dar mal al partido en el gobierno o de buscar votos para las próximas elecciones o a saber, si hay intereses de constructoras. Parecen inútiles los intentos de explicar que es cosa ya juzgada, que hay una disminución real de caudales, que ya se vendió el vacío embalse de Almudévar, al igual que el de San Salvador, como alternativa, que hay serios problemas medioambientales, que los ríos no son cloacas, que tenemos nitratos, nitritos, lindano y a saber qué cosa más contaminando las aguas de bebida, que estamos metidos de pleno en eso que se llama cambio climático, o sea, preparémonos para el verano que viene, ¿o ya ha llegado? El hombre es el único animal que tropieza queriendo en la misma piedra. Frente a estas continuas declaraciones, la ministra actual dice que no hay marcha atrás con la ilegalización, pero todavía no se ha producido la anulación legislativa del proyecto. Mientras está así el panorama político que nos obliga estar vigilantes».

Antecedentes del embalse anulado por los tribunales

En 1987 se planteó el proyecto original de embalse en el río Gállego, en la zona aragonesa de la Galliguera, en el término municipal de Biscarrués, con el objetivo de almacenar 192 hectómetros cúbicos de agua y que contemplaba la inundación completa de la localidad de Erés. Dicho proyecto generó gran rechazo social y territorial en un territorio que se ha convertido en una referencia del turismo rural y del turismo activo en el Prepirineo aragonés. Treinta años después, en marzo de 2017 el Gobierno lanzó el sexto proyecto: en esta ocasión la presa mediría 41 metros de altura y presentaría un volumen de almacenamiento de 36 hectómetros cúbicos de agua, por un presupuesto de 124 millones de euros. Dicho proyecto afectaría a los municipios de Biscarrués, Murillo de Gállego, Ayerbe, Santa Eulalia y Riglos, que verían anegadas sus tierras, además de hipotecar sus proyectos de futuro ligados al desarrollo sostenible. Debe tenerse en cuenta que el turismo en esta zona mueve a 80.000 personas y factura millones de euros cada año.

Los ayuntamientos de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, que serían inundados, por un lado, y, por otro, la Sociedad Española de Ornitología, la Confederación Ecologistas en Acción-CODA, Greenpeace, la Asociación de Amigos de la Tierra y WWF/Adena España presentaron sendos recursos ante los tribunales. A su juicio, el proyecto no encontraba justificación desde la perspectiva de la planificación hidrológica y de regadíos e incumplía la Declaración de Impacto Ambiental, así como varias directivas europeas, además de afectar a espacios naturales protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000 y a especies protegidas y al patrimonio cultural de la zona.

En sentencia de 7 de julio de 2017 la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional declaró nulo el anteproyecto de construcción del embalse de Biscarrués en dos sentencias en las que da la razón a los tres ayuntamientos y a las ONG recurrentes. En línea con los recursos presentados, el tribunal determinó que con el proyecto de esta presa se ha vulnerado la Directiva Marco del Agua de la Comisión Europea y la interpretación que sobre ésta hizo el Tribunal de Justicia de la UE, que en sentencia de julio de 2015 propugnaba la obligación de los Estados miembros a garantizar una correcta evaluación del cumplimiento de las condiciones que marca la Directiva para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficiales y protegerlas, mejorarlas y regenerarlas. Además, la Sala concluye que la Declaración de Impacto Ambiental del embalse de Biscarrués «no contiene todos los estudios y evaluaciones necesarios», antes de decidir acerca de la evaluación de deterioro del estado de las masas de agua superficiales afectadas por el anteproyecto. Se considera que hubiese sido necesario llevar a cabo un estudio concreto sobre la determinación del interés público, «un análisis científico detallado y específico de este proyecto», teniendo en cuenta, además, que la declaración de interés público de la presa tiene su origen en una normativa anterior a la Directiva de Impacto Ambiental. Por otra parte, en cumplimiento de la Ley de Aguas, se tendría que haber realizado un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, además de un estudio específico de la recuperación de costes con carácter previo a la declaración de interés general, algo que tampoco se ha hecho en el caso de Biscarrués.

Por recurso de Riegos del Alto Aragón, el litigio llegó al Tribunal Supremo que definitivamente, en sentencia de 18 de mayo de 2020, confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional, sentando una importante jurisprudencia sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua en España, al anular la Declaración de Impacto Ambiental y el anteproyecto del embalse de Biscarrués.

El proyecto de Biscarrués aludía a un “interés público superior” que no estaba soportado por un análisis detallado y específico. Este interés, a juicio del Tribunal Supremo, no está acreditado en el marco de las normativas vigentes. En conclusión, «no puede concluirse que sean equivalente o puedan equipararse» el interés general de una obra hidráulica y este interés “superior” que exige la norma europea. El «interés público superior» exige inexcusablemente una comparación, en exposición propia e independiente, un plus respecto del «interés general». Un argumento legal fundamental que, en opinión de las entidades recurrentes, debería motivar la revisión de todas y cada una de las obras hidráulicas que alteren los ríos y que puedan estar ya planteadas por la política de aguas del Estado español.

En aquel momento, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica rechazaron cualquier posibilidad de reconsiderar el proyecto del embalse, acatando la sentencia y, por tanto, dándolo definitivamente por anulado. No obstante, siete años después, el 9 de noviembre de 2023 el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en presencia del presidente de Riegos del Alto Aragón, pidió volver a iniciar los trámites para aprobar el embalse de Biscarrués.