05 Dic La eterna financiación local
Miguel Jaime Angós, secretario de Política Local de Chunta Aragonesista y Alcalde de Longares
La reforma del sistema de financiación local es una asignatura pendiente desde hace ya bastantes años. El artículo 142 de la Constitución sigue sin desarrollarse debidamente, por lo que los ayuntamientos están lejos de dejar de ser el eslabón más débil de la Administración pública española.
Mientras el Gobierno Central sigue sin acometer este problema, y la participación de las Corporaciones Locales en los ingresos del Estado se mueve en unos porcentajes claramente insuficientes para poder atender adecuadamente la prestación de los servicios con la calidad debida, las Cortes de Aragón aprobaron el pasado año la Ley 5/2022, Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, cumpliendo con el mandato constitucional por el que las comunidades autónomas también deben garantizar suficiencia financiera a las entidades locales.
Esto suponía un gran avance, ya que después de años de reivindicaciones desde el municipalismo aragonés, se consiguió la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad Autónoma, con un importe mínimo garantizado y una regulación objetiva para posibles incrementos en el futuro de acuerdo a unas determinadas reglas.
Además, esta ley constituía una regulación modélica, pues en ella predominan los criterios de necesidad sobre los de capacidad, con unas reglas de distribución acordes con la ordenación del territorio, y cumpliendo escrupulosamente con los requisitos demandados por la financiación municipal: carácter incondicionado de los recursos, garantía de estabilidad y seguridad, dejando atrás la incertidumbre derivada de la política coyuntural que tenía el desaparecido Fondo de Cooperación Municipal.
Pese a todas estas bondades, con el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2024 saltaba la sorpresa entre los ayuntamientos aragoneses. Este texto incluye un incremento de 1’4 millones de euros en la dotación del Fondo, mencionando que dicho incremento se repartirá entre los municipios de Huesca y Teruel, incumpliendo la ley que regula el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, tal y como recoge un informe jurídico de las Cortes de Aragón.
Es decir, un año después de la aprobación de esta ley tan demandada por todos los consistorios aragoneses, el gobierno PP-Vox decide saltarse la legalidad con el único objetivo de cumplir las promesas que realizó Azcón en su gira de verano por las capitales de provincia que gobiernan alcaldesas de su mismo partido, y tratando de volver a un sistema de reparto discrecional y clientelista.
Nadie duda de que los ayuntamientos de Huesca y Teruel necesitan mejorar su financiación, pero esta mejora no puede ser a costa del resto de municipios aragoneses, ya que todos tienen el mismo derecho a incrementar su dotación con unos porcentajes establecidos, y más con una ley vigente desde el pasado año.
Después de que en estas últimas semanas hemos escuchado al Presidente de Aragón hablar reiteradamente de igualdad entre comunidades autónomas, haría bien el señor Azcón en aplicarse el cuento y comenzar por tratar igual a los vecinos y vecinas de todos los municipios aragoneses, independientemente de su tamaño y de las siglas de sus alcaldías.
Contribuir a la suficiencia financiera de los ayuntamientos y la realización del principio de solidaridad y equilibrio territorial, a través de parámetros como el esfuerzo fiscal, el grado de envejecimiento y la cohesión territorial, deben ser los objetivos del nuevo gobierno autonómico. Algo tan sencillo como seguir con el modelo implantado por el anterior Ejecutivo aragonés, como herramienta indispensable para mantener vivo el medio rural.