Opciones energéticas viables

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Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista

El último Consejo de Ministros del año pasado aprobó incorporar al decreto de medidas anticrisis nuevas propuestas para recortar determinadas exigencias ambientales y de participación pública, ante los nuevos proyectos de plantas de generación de energía renovable, solar y/o eólica.

Iniciativa que, aunque respaldada por el Reglamento de la U.E., ha sido fuertemente criticada, con razones sólidas y argumentos claros, durante las últimas semanas, por diferentes grupos ecologistas, juristas y colectivos científicos.

Reclaman, y compartimos sus demandas, la mala praxis de utilizar como “excusas” tanto el cambio climático como la guerra de Ucrania para evitar las preceptivas evaluaciones de impacto medioambiental que tanto disgustan a las grandes empresas.

Se está adoptando, por parte del Gobierno de España, el criterio de la existencia, supuesta, de un interés público superior para dar “pista libre y sin restricciones” a una forma muy negativa de implantar un determinado tipo de política energética.

De este modo, se va llevar a cabo esta instalación de renovables retorciendo el principio de no regresión ambiental, eliminando también cualquier posibilidad de controles, de presentación de alegaciones por parte de las diferentes asociaciones, colectivos y particulares afectados y/o sensibilizados con el territorio.

Sin embargo, estas prisas contrastan, a juicio de CHA, con la inacción de Moncloa a la hora de llevar a cabo la transposición urgente de otras normas europeas a la legislación del Estado, con un doble objetivo: favorecer la creación de instalaciones comunitarias y simplificar los trámites burocráticos.

Si bien es necesario reconocer que las últimas modificaciones aprobadas por el Gobierno de España, mediante el Real Decreto 244/2019, donde se permite ampliar el radio del autoconsumo compartido de 500 metros a dos kilómetros, son positivas, es imprescindible abordar esta asignatura pendiente: la trasposición de las directivas de la Unión Europea dirigidas a acelerar las denominadas “comunidades energéticas”.

Estas fórmulas de asociaciones entre vecinos y/o empresas permiten que una zona se autoabastezca de energía renovable producida en dicha comunidad y evitar la dependencia de las grandes compañías eléctricas.

De hecho, con este objetivo, la U.E. impulsó ya en 2019 la creación de estas entidades, con la capacidad de producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía.

Por todos estos motivos, se debe poner en marcha, cuanto antes, esta iniciativa legal, ya que está destinada a impulsar estas instalaciones comunitarias y simplificar los trámites administrativos para crear este tipo de comunidades energéticas, mucho más adaptadas a la realidad del entorno, más democráticas.

Esta doble y diferente vía en la acción gubernamental demuestra que hace falta un criterio político más coherente por parte del Gobierno de España. Es necesaria una planificación mejor, más adecuada, por parte de todas las administraciones públicas implicadas, desde la Unión Europea hasta los ayuntamientos. Debemos lograr que la instalación de centrales eólicas y fotovoltaicas en nuestro medio rural se haga teniendo en cuenta siempre los impactos ambientales, paisajísticos, sociales y territoriales que estas instalaciones generan.

En definitiva, debemos tomar decisiones adecuadas para evitar una instalación masiva y sobredimensionada de estas centrales energéticas en Aragón. Hay que priorizar modelos de comunidades energéticas locales y de autoconsumo que democraticen el mercado energético. Hay que evitar depender de oligopolios que controlan el precio de la energía pensando solamente en sus meros intereses económicos.