04 Jun Sumar propone combatir la pobreza, que se dedique el 2% del PIB en Europa al derecho a vivienda y celebra que se haya detenido el desahucio del obrero barrio de las fuentes
Álvaro Sanz: “La movilización social es imprescindible. Hoy celebramos que se haya detenido el desahucio en la calle Fray Luis Urbano de Las Fuentes. La vivienda, gestionada por Solvia, es propiedad del fondo Coliseum. La Asociación de Promoción Gitana ha convocado a la movilización consiguiendo así su detención.”
“No nos resignamos a que la pobreza siga aumentando en Europa. La expansión de la economía de plataformas inmobiliarias y turísticas nos ha privado, en particular a la juventud, del derecho a una vivienda digna y asequible. El dato de personas sin hogar crece, mientras miles de edificios permanecen vacíos. El acceso a la vivienda digna, asequible y sostenible debe ser un derecho, no un lujo.”
En materia de derechos sociales, Sumar propone que la protección social en sanidad, pensiones y desempleo sea universal para todas las personas en la UE, independientemente de su procedencia. Acceso gratuito y universal a la asistencia sanitaria y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios públicos para reducir las desigualdades. Destinar los recursos públicos a crear y fortalecer sistemas de salud.
El candidato de Sumar Aragón, Álvaro Sanz hace hincapié en que “también es necesaria seguridad energética básica, que todas las personas tengan, por ley, acceso gratuito a energía que necesiten en sus hogares y para calefacción. Es un derecho humano.”
Miguel Martínez Tomey en este sentido ha declarado que “es necesario demostrar que la ampliación de los derechos sociales es el fundamento de una idea de prosperidad distinta que debe servir no sólo para garantizar una transición ecológica justa, sino también para proporcionar confianza a la ciudadanía. Esa es la condición básica para ser libres en una Europa cada vez más compleja: tener la certeza que necesitamos para vivir.”
Para la coalición de formaciones, Europa debe escoger entre darle una nueva e inmerecida oportunidad al caos neoliberal o, por el contrario, apostar por los derechos sociales como principios rectores de nuestras democracias.
Las medidas que proponen se basan en una nueva Carta de Derechos Sociales para la ciudadanía europea, una directiva de la UE contra las desigualdades sociales y la discriminación en la educación, estructuras de cuidados de calidad para la infancia, personas mayores y personas con discapacidad que mejore la sostenibilidad de la reproducción, una estrategia europea de lucha contra la pobreza infantil que garantice que un mínimo del 2% del PIB de cada Estado miembro se destina a políticas de apoyo a infancia y familias, y garantizar en el derecho primario de la UE el acceso gratuito y universal a los sistemas públicos de asistencia y salud, incluidos servicios anticonceptivos y de aborto seguro en toda la UE.
La vivienda como eje central
Especial atención requiere la vivienda para la formación, según Álvaro Sanz, “desde Sumar proponemos soluciones concretas a este problema. Basta de simplificar la problemática y poner parches, tenemos que recordar que una asignatura tan pendiente como la vivienda exige hacer muchas cosas, en muchas partes y con mucha voluntad. La vivienda es un derecho, no un negocio. El Estado cuenta con los instrumentos económicos, financieros y regulatorios necesarios para lograr un acceso a la vivienda universal y asequible. Y esto también pasa por Europa.”
Y especialmente insiste “hay que convertir el derecho a la vivienda en un derecho garantizado en la UE, tal y como recomienda el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Defensa del carácter del acceso a la vivienda como un derecho humano y constitucional por parte de la UE. Defendemos medidas que faciliten y garanticen el ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos europeos y la puesta en marcha de un mayor control y regulación del mercado financiero”.
Para tal efecto, Esperanza Jubera, candidata de Sumar, ha expuesto las medidas de la formación que se centran en “consagrar en el Derecho primario de la UE el derecho a una vivienda digna y asequible para todas las personas en Europa, una directiva que cree un marco común europeo de vivienda social, con un mínimo europeo de entre un 15 a un 25% de vivienda social.”
Martínez Tomey ha profundizado también en “la necesidad de una directiva de la UE que obligue a introducir topes legales a los alquileres y prohibir alquileres temporales y desahucios de vivienda habitual, así como incentivos al alquiler, y que se aseguren los riesgos que conlleva el arrendamiento. Eximir a los fondos públicos destinados a vivienda social del cumplimiento de las normas del déficit, del mercado interno y de competencia como se quiere hacer con el gasto militar.
En último lugar Sanz destaca la urgencia de “financiar a través del Banco Europeo de Inversiones con un 0% de interés planes de inversión para vivienda pública y reconstrucción, con un reglamento europeo para plataformas de alquiler a corto plazo. Que el parque público y público-privado de alquiler social y asequible tenga la consideración de servicio público, y planes de vivienda rural con adquisición de viviendas para alquiler social y de primera acogida para repobladores.”
En definitiva, una UE que, en vez de imponernos recortes austericidas, nos imponga la puesta en marcha un Plan Estatal de Vivienda que permita situarnos en la vanguardia de la UE y que el porcentaje de vivienda pública en España con respecto al total llegue al 20% en 2035 con el 2% del PIB de todos los estados miembros dedicado al derecho a la vivienda y no a gasto militar.