El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha comparecido ante los medios de comunicación en la ciudad de Huesca, acompañado por una representación de los guardas de refugio de montaña de Aragón, para presentar la proposición no de ley relativa al aumento del coeficiente reductor de la edad de jubilación en la profesión de guarda de refugio de montaña, que se ha registrado para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el siguiente contenido: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y valorar el coeficiente reductor de la edad de jubilación en la profesión de guarda de refugio de montaña, en especial en los refugios que permanecen abiertos todo el año, también en invierno, valorando que es uno de los colectivos con mayor siniestralidad y peligrosidad en el mercado de trabajo y atendiendo a la experiencia de los guardas de refugio de montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo.»

Jorge Pueyo ha declarado: «Ahora, cuando se ha aprobado el Real Decreto que regula el anticipo de la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores en actividades penosas y peligrosas, resulta oportuno llamar la atención sobre la profesión de los guardas de refugio de montaña, en especial en aquellos refugios que permanecen abiertos los 12 meses, también en invierno. Aunque hay algún otro caso en el Estado español, hay que destacar que todos los refugios de la Federación Aragonesa de Montañismo, que son 16 entre refugios y albergues, con 32 guardas titulares, están abiertos siempre en invierno, con las extremas dificultades técnicas, económicas y climáticas que esto supone. Hablamos de instalaciones que llegan a estar incluso por encima de los 2.400 metros de altitud. Por eso, cuando se habla de la peligrosidad de algunas profesiones no podemos olvidarnos de los guardas de refugio de montaña, en especial de los invernales».

«Los refugios de montaña son los lugares habitados permanentemente más fríos, hostiles y aislados de toda España. Son el conjunto de estas circunstancias las que exigen a los guardas tener unas condiciones físicas y psicológicas especiales, dado el esfuerzo necesario que requieren. La profesión de guarda de refugio es vocacional y no hay ningún guarda que diga que no le apasiona, pero, a partir de cierta edad, implica un riesgo y un esfuerzo adicional. Identificar al guarda de refugio como profesional de riesgo sería dar a éstos y a la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) un reconocimiento a su esfuerzo y labor, desconocida por la mayoría de los ciudadanos. La FAM se preocupa por tener lo que es seguramente una de las mejores redes de refugios de Europa, cuya gestión es envidiada y a veces copiada por otras federaciones. La FAM no sólo se ha preocupado por tener instalaciones modernas y equipadas para poder estar abiertas en invierno, con el coste de mantenimiento y humano que ello conlleva, sino que se ha encargado de formar a sus guardas con los conocimientos y recursos necesarios para poder realizar su trabajo con la máxima seguridad y profesionalidad exigible. Los guardas de la FAM disponen del Certificado de Guardas de Refugios y Albergues de Montaña y algunos también el diploma de Guarda de Refugio por la Universidad de Toulouse. Tengamos en cuenta que, en muchas ocasiones, el equipo multidisciplinar al frente de un refugio se reduce a una única persona desempeñando las distintas competencias con la cualificación correspondiente. Como se puede suponer, en un entorno aislado como ese, un guarda tiene que saber hacer de todo. Gracias a la FAM, los guardas aragoneses son posiblemente de los profesionales de montaña más cualificados y preparados de todo el Estado español.»

«Un reciente informe elaborado por el propio colectivo ha analizado la siniestralidad laboral durante los últimos 15 años (entre diciembre de 2010 y marzo de 2025) en el colectivo de guardas de refugios de montaña de Aragón (que debería ampliarse al resto de guardas que trabajan en refugios de montaña durante el invierno en alguna otra comunidad autónoma, aunque sea un colectivo más reducido). Los datos son los siguientes: un accidente mortal, 5 accidentes graves y 12 menos graves. Tengamos en cuenta que se trata de un colectivo de 40 trabajadores, de los que el 2,5% ha sufrido accidentes mortales, el 12,5%, accidentes graves y el 30%, accidentes menos graves. En conclusión, el 45% del colectivo de guardas de refugio de montaña se ha visto implicado en accidentes laborales significativos. El trabajo de guarda de refugios de montaña abiertos en invierno es una profesión altamente exigente y con riesgos inherentes, al desarrollar su labor en entornos aislados, a gran altitud y en condiciones climatológicas adversas.» 

«Al comparar esta siniestralidad con otras profesiones tradicionalmente consideradas de riesgo, como la minería, se observa que, aunque el número total de trabajadores en minería es mucho mayor, la tasa de siniestros graves por trabajador es significativamente inferior. En el caso de los guardas, cada accidente representa un porcentaje relevante del total del colectivo, llegando incluso a producirse un accidente mortal en 2025. Dada la magnitud relativa de los siniestros y la exposición permanente al peligro, los datos respaldan firmemente la consideración de la profesión de guarda de refugio de montaña como profesión de riesgo. Esta clasificación permitiría un mayor reconocimiento institucional y la adopción de medidas especiales de protección, prevención y compensación acordes con la realidad de su entorno de trabajo», ha concluido Jorge Pueyo. 

A continuación, ha intervenido Jaime Arbex, guarda del refugio de Pineta: «Desde el colectivo de guardas de los refugios de montaña de Aragón queremos agradecer a la Federación Aragonesa de Montañismo, y especialmente a Chunta Aragonesista, el apoyo que nos han brindado, sin el cual esta reivindicación seguramente no hubiera sido posible. Gracias a este respaldo, se da visibilidad a un colectivo que, aunque reconocido por las instituciones —como lo demuestran los distintos galardones recibidos—, sigue siendo en gran medida desconocido para la mayoría de la ciudadanía. La labor de guarda de refugio es una profesión vocacional. Sin embargo, eso no quita que su dureza y los riesgos que conlleva supongan un peligro constante para sus profesionales, siendo comparativamente una de las profesiones con mayor índice de siniestralidad. A pesar de que desde la Federación se ha apostado por la formación de los guardas —haciendo de ellos algunos de los profesionales más capacitados del Estado—, el entorno en el que desarrollan su trabajo implica estar expuestos a múltiples riesgos, que se agravan con la edad debido a las exigentes condiciones físicas que requiere esta profesión. Por todo ello, creemos que considerar la profesión de guarda de refugio como una profesión de riesgo sería un reconocimiento justo a su labor, entrega y profesionalidad».

El Diputado Jorge Pueyo, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, ha registrado una pregunta, a raíz de la polémica desatada en Aragón en relación con la práctica del helibike, en la que propone al Gobierno español abordar la prohibición de esta práctica deportiva para proteger el frágil territorio de alta montaña, como han hecho otros estados europeos como Francia o Alemania.

En los últimos años se ha extendido la práctica de una modalidad de turismo de aventura denominada helibike. Según se explica en los antecedentes de la pregunta parlamentaria, «desde hace cinco años la empresa Altitude Rides ofrece en el Pirineo aragonés el servicio de subir en helicóptero a aficionados a la BTT hasta la cima de las montañas para que puedan realizar desde allí un descenso en bicicleta. La actividad se ha venido ejerciendo principalmente en Punta Suelza, a casi 3.000 metros de altitud en el valle de Bielsa (comarca del Sobrarbe), así como en la Sierra Negra en el valle de Benasque (comarca de Ribagorza). Su práctica ha motivado la denuncia por parte de vecinos y de asociaciones ecologistas».

Jorge Pueyo repasa la no autorización por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en 2020, que acordó que se sometiera a evaluación de impacto ambiental ordinaria y que se llegó a proponer desde la administración autonómica una sanción a dicha empresa por infracción muy grave «por haber desarrollado una actividad sin autorización al no haber tramitado la declaración de impacto ambiental ordinaria previamente». La empresa recurrió la resolución del INAGA, que recientemente ha obtenido un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Paradójicamente ahora se le ha abierto un expediente disciplinario a un agente de Protección de la Naturaleza por un presunto acoso a la citada empresa.

El Diputado de Sumar Aragón fundamenta su iniciativa en «las potenciales afecciones elevadas sobre el suelo, relieve e hidrología» y los posibles impactos en la vegetación natural, fauna, hábitats de interés comunitario y paisaje, en unas zonas de gran riqueza natural que se han convertido en un importante foco turístico. «No puede ignorarse que en la zona en la que se práctica el helibike habitan especies en peligro de extinción, como el quebrantahuesos, la perdiz nival o el urogallo, y que su época de cría, precisamente en verano, se ve perturbada por la llegada de los helicópteros», ha señalado Pueyo.

También recuerda que la empresa se ha amparado en la ausencia de legislación que prohíba dicha actividad, pues la regulación de los vuelos es una competencia estatal. En todo caso, el Real Decreto 1180/2018, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, sí restringe los vuelos «para la protección medioambiental», específicamente en «parques nacionales y aquellos otros espacios naturales establecidos de conformidad con la normativa medioambiental aplicable» (art. 19).

Por todo ello, Pueyo concluye que «habría llegado el momento de abordar claramente en nuestra legislación la prohibición de la práctica del helibike, tal como han aprobado otros estados de nuestro entorno como Francia o Alemania». Y formula la pregunta en los siguientes términos: «¿Tiene previsto el Gobierno abordar la reforma legislativa necesaria para prohibir la práctica del helibike por el impacto que conlleva en el frágil territorio de alta montaña, como han hecho en otros estados europeos?».

CHA anuncia que va a presentar sendas iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón en las que se van a pedir explicaciones urgentes, por parte de los responsables políticos del Gobierno Aragón, ante la noticia publicada de la apertura de un expediente de sanción abierta contra un Agente de Protección de la Naturaleza (APN) de Bielsa.

Joaquín Palacín, Presidente de CHA y diputado en las Cortes de Aragón: “Compartimos las protestas de la Asociación que agrupa a estos agentes. Pedimos la anulación de este expediente y solicitamos explicaciones urgentes al Gobierno de Aragón sobre los motivos del mismo”.

“Es necesario actuar así también porque queremos evitar que esta posible sanción sea un precedente con graves consecuencias para la actividad de un servicio cuya misión fundamental es la protección de la naturaleza en Aragón”, aclara Palacín.

Recordamos que la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (Aapna) ha expuesto públicamente en un comunicado que “el celo de nuestro compañero por poner en evidencia una actividad que todavía no está convenientemente autorizada, se quiere castigar en beneficio de una empresa”.

Finalmente, indicamos, desde CHA, que esta actividad del helibike, como la del heliski, tienen un importante impacto ambiental, especialmente relevante en zonas tan frágiles como son las de la alta montaña pirenaica aragonesa.

El Presidente de CHA, Joaquín Palacín, hace un llamamiento público para que todos los partidos políticos, con representación en las Cortes de Aragón, se comprometan a constituir, una vez concluya el actual periodo electoral y se conforme la XI legislatura , una “Mesa de la Nieve en Aragón”.

Palacín afirma: “Si se trata de abordar con rigor y seriedad el futuro de un entorno tan frágil como el Pirineo aragonés, sometido a las consecuencias del cambio climático , es necesario constituir un espacio de diálogo y acuerdo, donde debatir y consensuar, entre todas y cada una de las partes implicadas, el mejor plan posible para las comarcas pirenaicas aragonesas”.

El Presidente de CHA expone: “Es necesario salir de esta absurda dinámica, que no conduce a nada, como ya se ha visto , donde tras el despropósito de la unión de estaciones, felizmente descartado ahora tras la gran movilización social, reaparece en el horizonte la propuesta de candidatura olímpica, que resultó también un reciente fiasco. Estamos ante un modelo de desarrollo basado en los grandes eventos que supone un gasto de dinero público enorme con impactos ambientales negativos. De hecho , ya estamos viendo como ciudades de todo el mundo están renunciando a este tipo de candidaturas por el elevado coste ambiental y económico que tienen”.

Finalmente, recordamos que fue el pasado 19 de noviembre de 2021 cuando se debatió y votó en las Cortes de Aragón, con motivo del debate sobre el Estado de Aragón, una propuesta de resolución del grupo parlamentario de Chunta Aragonesista en la que se reclamaba un acuerdo del parlamento aragonés para constituir una “Mesa de trabajo específica sobre el sector de la nieve en Aragón”.

Dicha iniciativa fue aprobada. Se pretendía contar con todos los agentes sociales y económicos implicados, las distintas entidades públicas, así como con los diferentes colectivos ambientales y de defensa del territorio; con el propósito de trabajar, conjuntamente, para adoptar y consensuar las mejores soluciones para un entorno tan frágil como las montañas aragonesas.

Aragón ha recibido la visita de 11 estudiantes de doctorado y máster relacionadas con las ciencias ambientales y la ingeniería civil y arquitectura del paisaje, entre otras especialidades, para conocer los sistemas de prevención de riesgos naturales en las zonas de montaña. Los estudiantes que están realizando este programa, han visitado de la mano de la AECT Pirineos – Pyrénées, los sitios de Artouste y Santa Elena para conocer los sistemas instalados.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto PHUSICOS (https://phusicos.eu/), sobre el tema de las soluciones basadas en la naturaleza para los riesgos naturales en las zonas de montaña. Este seminario internacional tendrá lugar entre Baviera, en Alemania, y los Pirineos, en Francia y España. Los estudiantes proceden de Alemania, Italia, Turquía, Chile, Singapur…

En estos lugares conocerán las propuestas de soluciones basadas en la naturaleza (Soluciones NBS), en Artouste (Municipio de Laruns, Pyrénées-Atlantiques en Francia) y en Santa Elena (Municipio de Biescas, Aragón en España).

En Artouste se va a trabajar en la gestión del papel protector de las masas forestales y en al instalación de sistema de protección mediante estructuras de madera contra al caída de bloques. En Santa Elena se va a mejorar la estabilidad de un talud contra el riesgo de erosión y caída de bloques mediante la realización de una escollera en la base, la creación de terrazas mediante gaviones de madera y una posterior revegetación con especies arbóreas y arbustivas locales.

Aragón cuenta con un sistema muy amplio de medidas para hacer frente a los riesgos naturales durante todo el año, como caídas de bloques, deslizamientos, avenidas torrenciales, y especialmente centrados en los aludes y para garantizar la vialidad invernal en las carreteras y pasos transfronterizos.

La idea de la candidatura olímpica nació por causas ajenas al deporte, manteniendo una trayectoria de enfrentamiento, división y ninguneo a la parte aragonesa, por parte del Gobierno de España, que augura un pésimo futuro a cualquier intento de éxito en la concesión de los JJ.OO.

CHA recuerda que ya mostró su rechazo a esta candidatura, de manera coherente con nuestra trayectoria política, desde el mismo momento en el que fue presentada públicamente.

“Nuestros argumentos se basaban, y continúan haciéndolo, en que ahora, es prioritario ahondar en los principios políticos iniciados para dar una salida justa de la crisis económica, provocada por la pandemia covid y agravada por la guerra de Ucrania. Debemos tomar decisiones priorizando la inversión en el refuerzo del sistema de los servicios públicos esenciales, el sanitario, el educativo y el social. Además, deberíamos aprovechar hasta el último céntimo de los fondos europeos para avanzar hacia un nuevo modelo productivo, basado en la digitalización y en la sostenibilidad. Apoyándonos en la relocalización industrial y en el consumo de proximidad. Y todo en un contexto de cambio climático donde debemos ser exquisitos en todas nuestras decisiones con la protección del medio natural y de un entorno tan frágil como es el Pirineo aragonés”, afirma Joaquín Palacín, Presidente de CHA.

“Una línea de acción política que ya habíamos comenzado a desarrollar, pero que no encaja con este tipo de megaeventos olímpicos, dado que suponen un gran gasto de dinero público y provocan además fuertes afecciones ambientales para apenas unas semanas de actividad”, explica Palacín.

“Las últimas decisiones del Gobierno de España nos refuerzan en nuestra idea inicial. Aragón necesita de otras políticas, de otras prioridades. Se merece más respeto institucional y requiere de decisiones públicas pensando en no dejar atrás a ninguna persona, de ningún lugar”, concluye Palacín.

El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, ha calificado de “positiva” la noticia de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) recuperará para el Estado la concesión de otras 19 centrales hidroeléctricas en la cuenca hasta el año 2027, continuando con el proceso iniciado en 2013 para extinguir el derecho de una serie de aprovechamientos construidos en el siglo pasado y que estaban en manos de compañías eléctricas.

“La electricidad es un bien esencial para la vida diaria de todas las personas”, ha señalado Palacín, quien ha propuesto “la reversión pública de todas las concesiones caducadas de saltos hidroeléctricos en Aragón y la creación de una empresa pública aragonesa para su gestión, acabando con las políticas de nueva concesión a subasta para el aprovechamiento privado”.

Para el presidente de CHA, “esta medida permitirá recuperar la Soberanía Energética del territorio y compensar a los ayuntamientos afectados por la servidumbre de décadas por estas instalaciones, consiguiendo una disminución del precio de la electricidad, un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua, y contribuyendo a lograr un mayor control sobre el precio de la energía”.

Joaquín Palacín ha recordado la apuesta de CHA por un nuevo modelo energético aragonés basado en tres pilares: adecuada planificación de proyectos de energías renovables, recuperación de los saltos hidroeléctricos y rechazo a las líneas de Muy Alta Tensión. “Defendemos una transición energética justa que no deje atrás a ninguna persona ni a ningún territorio, y establezca como principio el derecho humano a la energía, garantizando su acceso a un precio justo y asequible”, añade.

El presidente de CHA ha lamentado que el actual marco normativo no permite compensar a los ayuntamientos por los tendidos, canales y tuberías que pasan por sus términos municipales. “Dado el rechazo de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo a sus legítimas reclamaciones, es el Gobierno de España el que tiene la responsabilidad de tomar nuevas y urgentes decisiones políticas para compensar a los ayuntamientos aragoneses afectados”.

Por este motivo, Palacín ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar al Gobierno de España que tome las decisiones políticas necesarias para compensar de una manera adecuada a los ayuntamientos aragoneses afectados durante décadas por los saltos hidroeléctricos.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha visitado el núcleo de Jánovas, perteneciente al municipio de Fiscal, para conocer las obras desarrolladas en 2021 para ejecutar la segunda fase de la urbanización del núcleo de población. Además, Soro ha señalado que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2022 incluyen una subvención de 50.000 euros para continuar con los trabajos de recuperación.

Soro ha visitado las obras de 2021 que han consistido en dotar de los abastecimientos básicos a una parte de las casas del núcleo de población, unos servicios mínimos que permiten a los vecinos que sigan recuperando sus casas.

Este año se firmará el convenio con la Fundación San Miguel de Jánovas para poner en marcha nuevos trabajos que, previsiblemente, servirán para terminar de urbanizar las calles pendientes.

El consejero ha recordado que en 2015 tomamos el compromiso de apoyar a la Fundación San Miguel de Jánovas en su labor de recuperación del núcleo de población y así lo hemos hecho año tras año. En este sentido ha criticado que, tras la desestimación definitiva del pantano, en el año 2005, todavía no ha llegado un plan de restitución definitivo del Gobierno de España que compense los daños producidos en Jánovas. En la misma línea se ha manifestado el alcalde de Fiscal, Manuel Larrosa, que ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar de servicios al núcleo de población y ha reclamado, como principal infraestructura, un puente de acceso sobre el río Ara que garantice siempre el acceso a Jánovas.

Soro ha recordado que este compromiso se ha traducido ya en 430.000 euros invertidos en los diferentes ejercicios presupuestarios, desde 2016. El primer año se concedió una subvención al ayuntamiento de Fiscal para la recuperación de monte forestal para pastos, construcción de muro de contención, una fuente, recuperación del antiguo frontón, la construcción de un depósito de agua y actuaciones para la rehabilitación del puente colgante y el Molino. El presupuesto de 2017 fue destinado a acercar una línea de media tensión para el suministro eléctrico. En 2018 se realizó la primera fase de las obras de urbanización del núcleo urbano, con la canalización de los servicios básicos: agua, aguas residuales y telecomunicaciones. En 2019 se completó el ciclo integral del agua y se construyó un nuevo depósito. En 2021 se ha actuado en la segunda fase de las obras de urbanización.

Por su parte, Óscar Espinosa, de la Fundación San Miguel de Jánovas, ha explicado la evolución del núcleo que espera que en este 2022 comiencen a habitarse las primeras casas recuperadas. Las obras se suceden en el núcleo que cuenta ya con planes para recuperar una decena de viviendas. Ha destacado la importante sinergia con el Gobierno de Aragón, que garantizando los servicios mínimos hace que los vecinos y vecinas recuperen la ilusión y vean viable recuperar las casas.

Una web sobre las inversiones en Jánovas

www.janovas.es recoge toda la historia de Jánovas y también los proyectos y retos de futuro. Tal y como señala José Luis Soro, “una página para recordar la triste historia de un pueblo y sus gentes y las barbaries de una política hidrológica devastadora”. El 20 de enero de 1984 se expulsó a la última pareja de personas que vivían en Jánovas y se derrumbó el interior de la casa para que no pudiesen volver, hoy esa casa está ya en obras para volver a ser habitable en un futuro.

Soro ha señalado que “esta web es un homenaje a las familias que lucharon contra el pantano y a sus descendientes que siguen reclamando y trabajando para volver a levantar las casas que les dinamitaron y para la recuperación del núcleo de Jánovas”.

“La candidatura planteada no cabe en un desarrollo adecuado y equilibrado de un territorio tan frágil como el Pirineo aragonés”, ha señalado Palacín, quien no cree que la gran inversión que requiere la celebración de unos juegos olímpicos tenga una rentabilidad en forma de retorno social y generación de empleo, y advierte de que apenas contribuirá a frenar la despoblación y mejorar la vida de los habitantes del Pirineo.

El Presidente de CHA, Joaquín Palacín, ha manifestado que, “parece que estamos más cerca de conseguir el objetivo final, que no es otro que la inclusión en las fórmulas de explotación de compensaciones para los municipios, los cuales hasta el momento han recibido un trato inaceptable por parte de la administración central, y es que siempre dijimos que era cuestión de voluntad política para impulsar la regulación legal necesaria, estaremos vigilantes”