Un Estatuto que cumplir

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Isabel Lasobras, Secretaria General de Chunta Aragonesista

Este mes de agosto, el día 10 concretamente, se cumplen 40 años de la ratificación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón, que se publicó en el B.O.E. del 16 de agosto y entró en vigor veinte días más tarde.

Recuperábamos, en parte, una fracción de lo que habíamos tenido en nuestra historia por nuestra voluntad de querer ser: el derecho a poder decidir desde aquí, con nuestra gente, para Aragón, sobre nuestras políticas y nuestro futuro.

Sendas reformas posteriores del Estatuto han ido sumando a nuestra capacidad de autogobierno, sin embargo no debemos contemplarlo nunca como un proceso cerrado, ni finiquitado, como a algunos partidos centralistas les gustaría. No hay que enclaustrar a nuestra propia “Carta Magna”, ni alejarla de la realidad, de todos los cambios sociales, económicos y territoriales que se vayan produciendo. Tratar de ir adaptando nuestro Estatuto a la realidad de los tiempos es y será una obligación del aragonesismo político.

Y no debemos darlo por definitivo porque no tenemos aún todo el poder político que necesitamos, ni la soberanía financiera suficiente. No disponemos de todas las competencias contempladas en el actual Estatuto, quedan pendientes de traspaso una veintena de competencias, no se ha aprobado el denominado “Acuerdo bilateral económico-financiero Aragón-Estado”. Sin olvidar que, además, se nos recortaron, sin más argumento que mantener modelos centralistas caducos, la capacidad de actualizar nuestros “derechos históricos”.

Sin recursos económicos cualquier acción política de nuestro autogobierno quedará en el “metaverso”, en un mero deseo virtual. El actual sistema de financiación supone que cada nuevo día Aragón pierde.

Un ejemplo revelador: Un reciente informe de la Cámara de Cuentas indica que hubiéramos necesitado más de 628 millones de euros adicionales, en los presupuestos de Aragón de 2019, solamente para poder garantizar los servicios públicos esenciales. Una importante cantidad de dinero para poder cubrir lo esencial: la sanidad, los servicios sociales, la educación… Al no disponer de esos recursos económicos, tenemos que detraerlos de los destinados a otras políticas básicas como, por ejemplo, la inversión en infraestructuras o el apoyo al tejido productivo, arrastrando, año a año, todas estas carencias.

Por este motivo, era clave cumplir, en esta legislatura, con el reto de un cambio del modelo de financiación para poder garantizar la suficiencia económica de las políticas del gobierno de Aragón.

Lamentablemente, el Gobierno de España ha vuelto a incumplir con nuestras reclamaciones, manteniéndose, sine die, el actual mecanismo. El sistema vigente es injusto porque para la distribución de recursos se prima la mayor población, muy por encima de otros factores que también incrementan el coste público de los servicios prestados por la administración aragonesa, como son el territorio, el envejecimiento o la dispersión poblacional.

Además, siguen estancados los niveles de inversión en los Presupuestos Generales del Estado que demoran, una y otra vez, las infraestructuras básicas reclamadas por Aragón. El Estatuto no fijó un porcentaje y ahora pagamos las consecuencias.

Sin recursos económicos no hay autogobierno posible, no hay calidad en los servicios públicos, no hay impulso a nuestro tejido productivo, el que de verdad crea empleo aquí y fija población en el territorio.

Debemos ir garantizando, igualmente, en nuestro Estatuto todos los “nuevos derechos” del siglo XXI: la necesaria movilidad, garantizar la conectividad, lograr una transición energética justa, para no dejar a nadie, de ningún lugar atrás. Debemos seguir impulsando políticas inclusivas, relocalizando la producción en nuestro territorio.

En definitiva, lograr que el autogobierno sirva para marcar impronta en la prioridad política diaria en Aragón: Impulsar las propuestas de todo lo que sea importante para poder vivir mejor.